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Un grupo de personas viaja en una balsa inflable sobre el mar mientras en la esquina superior derecha aparece el retrato de un hombre con gafas y traje oscuro.
POLÍTICA

Un marroquí agrede a un vecino con un serrucho y cumple condena en Gran Canaria

Marruecos se ha negado a aceptar su expulsión, lo que impide ejecutar la medida decretada por los tribunales

La justicia española se encuentra con un nuevo caso de bloqueo en la expulsión de inmigrantes condenados. Un ciudadano marroquí agredió a un vecino con un serrucho en Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora cumple condena en prisión pagada con dinero público. Marruecos se ha negado a aceptar su expulsión, lo que impide ejecutar la medida decretada por los tribunales.

Varios agentes de la Policía Nacional patrullan una calle mientras un grupo de personas observa a lo lejos

El ataque con un serrucho

Los hechos ocurrieron en 2021. El acusado atacó a un vecino con un serrucho en la capital grancanaria. La agresión le valió una condena de dos años de prisión.

El juez determinó además que, tras cumplir la pena, debía ser expulsado de España.

Sin embargo, el proceso se ha visto frenado por un obstáculo burocrático. Marruecos no ha emitido el salvoconducto necesario para materializar la repatriación. El país vecino se ha negado a recibir al condenado, lo que ha dejado a España sin otra opción que mantenerlo en prisión.

Una condena costeada con dinero público

La negativa marroquí implica que el agresor debe cumplir íntegramente su condena en una cárcel de Gran Canaria. Esto supone que su manutención, vigilancia y estancia están siendo sufragadas con los impuestos de los ciudadanos españoles.

Multitud de personas reunidas en una playa mirando hacia diferentes direcciones en un día nublado

El caso ha generado debate social. Muchos vecinos critican que un condenado extranjero, al que se había impuesto la expulsión, permanezca en territorio nacional a costa del erario público.

La situación, además, no es un hecho aislado. Se han registrado casos similares en los que la falta de colaboración de países de origen impide ejecutar las expulsiones.

El papel de Marruecos

El auto judicial señala con claridad la causa de la situación: Marruecos no ha emitido el documento oficial que permite el traslado del condenado. Sin ese salvoconducto, España no puede forzar el retorno a su país.

La cooperación entre España y Marruecos en materia migratoria es clave en las Islas Canarias, puerta de entrada de miles de inmigrantes cada año. Sin embargo, este episodio evidencia los problemas que surgen cuando falta colaboración en casos judiciales.

Un problema recurrente

El caso del agresor con el serrucho refleja una problemática que se repite en la gestión de expulsiones. Cuando el país de origen no colabora, las condenas de prisión deben cumplirse en España. Esto provoca una carga adicional en las cárceles y en los recursos públicos.

Las autoridades penitenciarias recuerdan que no pueden dejar en libertad a personas con condena firme. Ante la imposibilidad de ejecutar la expulsión, la única vía es que el reo cumpla su pena completa en prisión española.

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