
Los nervios de Sánchez le llevan a afirmar que la filtración de sus WhatsApp es delito
El presidente del Gobierno parece preparar ya la vía asegurando que "es un delito" la filtración de sus mensajes
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, aseguró este miércoles en el Congreso que la difusión de sus mensajes con el exministro Ábalos constituye “un delito”. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, le exigió que dimita y convoque elecciones.
“Cómo se regodean con una filtración, esta sí, que es un delito”, dijo Sánchez. Haciendo su primera alusión pública al asunto desde que El Mundo empezó a divulgar los mensajes el fin de semana.

“No era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo, por eso lo sabía y lo tapó, porque participó”, remató Feijóo. Luego pidió su dimisión con un claro: “Váyase, convoque elecciones”.
Para variar, María Jesús Montero también ha calificado de "delito" estas filtraciones. Sin embargo, cuando se filtraron los mensajes de Rajoy con Luis Bárcenas, fue todo lo contrario, tanto que esas filtraciones le costó el Gobierno.
La incoherencia de la izquierda con los WhatsApp desvelados entre Sánchez y Ábalos
En el convulso tablero de la política española, las filtraciones han sido siempre un arma de doble filo. Lo que es un escándalo que justifica la dimisión inmediata, para otros puede tratarse simplemente de una intromisión ilegítima en la intimidad de los dirigentes. Y así lo demuestra la reacción de buena parte de la izquierda ante dos episodios similares.
Los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos frente a los SMS entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas.
Cuando en 2013 se filtraron los famosos mensajes del entonces presidente Rajoy al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El conocido "Luis, sé fuerte", la izquierda no dudó en levantar la voz.

Aquellos textos, que mostraban una relación que muchos consideraron impropia entre el presidente del Gobierno y una persona investigada por corrupción. Fueron usados como prueba moral y política de que Rajoy debía abandonar La Moncloa.
Poco importó entonces que se tratase de mensajes privados: la ética pública y la exigencia de ejemplaridad primaban sobre cualquier derecho a la intimidad. Las portadas, los editoriales y los discursos en el Congreso se encargaron de subrayarlo.
En cambio, la reciente filtración de conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha recibido un tratamiento muy distinto. Desde sectores progresistas se ha denunciado principalmente la "ilegalidad" de la filtración. Y se ha centrado el foco en quién y por qué ha difundido los mensajes, más que en su contenido.
La discusión ha girado en torno a la vulneración de la privacidad, al uso político de información obtenida sin consentimiento. E incluso se ha apuntado a supuestas maniobras de “cloacas del Estado”.
Mientras, el contenido de los mensajes apenas se ha debatido. La posible implicación política del presidente o su conocimiento temprano del caso parecen quedar diluidos tras el manto de una narrativa victimista que reduce todo a una persecución.
Este contraste pone en evidencia una práctica habitual pero poco ética: juzgar las mismas acciones de manera opuesta según quién las cometa. La coherencia, tan exigida al adversario, se diluye cuando se trata de proteger al aliado. La izquierda que exigió la dimisión inmediata de Rajoy por unos SMS hoy clama contra el "juego sucio" cuando los implicados son miembros del PSOE.
La hipocresía de la izquierda erosiona su credibilidad.
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