EDATV Los afectados por la okupación cargan contra Sánchez por promoverla
La medida, que vencía el 31 de diciembre, mantiene la suspensión de desahucios y será llevada al Congreso en enero
Los afectados por la okupación han cargado contra Pedro Sánchez tras la decisión del Gobierno de prorrogar el escudo social.
La medida, que vencía el 31 de diciembre, mantiene la suspensión de desahucios y será llevada al Congreso en enero. El Ejecutivo pretende aprobar la prórroga mediante un decreto ómnibus que agrupa varias medidas sociales.
Entre ellas se incluye la continuidad del bono eléctrico y la paralización de desalojos en supuestos regulados. Esta suspensión afecta también a viviendas ocupadas, según denuncian propietarios perjudicados por la norma. Los afectados aseguran que deben seguir pagando hipotecas, impuestos y suministros sin disponer de sus inmuebles.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que la prórroga favorece la okupación de viviendas | Redes sociales
La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que la prórroga favorece la okupación de viviendas. El colectivo sostiene que el escudo social protege al ocupante y deja al propietario en situación de indefensión.
Según la plataforma, la medida se renueva por séptimo año consecutivo sin cambios estructurales relevantes. Los afectados subrayan que no se han reforzado las políticas de vivienda social durante este periodo. Tampoco se han habilitado soluciones habitacionales alternativas para personas en situación vulnerable.
La organización lleva meses movilizándose y manteniendo reuniones con distintos partidos políticos. Entre esos encuentros figura una reunión con representantes del PSOE en el Senado. El objetivo es trasladar el rechazo de los propietarios a una norma que consideran perjudicial.
Los afectados por la okupación han cargado contra Pedro Sánchez | Redes sociales
La plataforma reclama que el debate parlamentario tenga en cuenta la situación de los afectados. También pide que se estudien alternativas distintas a la prórroga automática del escudo social.
Ricardo Bravo, portavoz del colectivo, ha criticado públicamente la actuación del Gobierno. Bravo afirma que el Ejecutivo presenta el escudo social como una protección a familias vulnerables. Sin embargo, sostiene que no se les ofrece ni vivienda ni recursos para acceder a un alquiler.
Según el portavoz, el Gobierno traslada su responsabilidad a terceros ajenos a la Administración. Los afectados aseguran que esta política fomenta la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. También alertan del impacto en pequeños propietarios que dependen de esas viviendas.
La prórroga del escudo social cuenta con el respaldo de socios parlamentarios del Ejecutivo.
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