Las Corts Valencianes aprobaron este miércoles, con los votos de PP y Vox, una Proposición No de Ley que establece las líneas maestras de la política migratoria autonómica. La iniciativa, impulsada por Vox como condición para investir a Juanfran Pérez Llorca, recoge medidas como la reubicación de centros de menores extranjeros no acompañados en las afueras de los núcleos urbanos, el refuerzo de los protocolos de seguridad en esos centros y el impulso de programas de retorno.
La norma exige también que los menores no reciban, en ningún caso, lo que la propia proposición denomina "atención privilegiada", y que la Generalitat publique estadísticas de inmigración desglosadas por origen. Una medida esta última que ya había sido asumida por el Consell en la etapa de Carlos Mazón.
En paralelo, el pleno convalidó los cambios en la Renta Valenciana de Inclusión pactados previamente por ambos partidos en comisión. Las modificaciones elevan a 15 meses el período mínimo de empadronamiento necesario para acceder a la ayuda, un requisito que afecta especialmente a la población migrante. La redacción final de la norma también ha generado debate por una cláusula que, según Vox, abre la puerta a excluir a mujeres que porten velo islámico, extremo que el PP niega.
Ambas medidas se enmarcan en un pleno en el que PP y Vox votaron de forma idéntica en las diez iniciativas sometidas a votación. Entre ellas, la convalidación del decreto ley que facilita la llegada de obras de Sorolla a València mediante la creación de una sede de la Hispanic Society of America, o la proposición que insta al Gobierno central a prorrogar la central nuclear de Cofrentes por razones de seguridad energética y estabilidad de precios.
