
Esta es la ley de incendios que Marlaska tiene parada propuesta por su Gobierno
Fue respaldada en octubre de 2020 por un total de 308 diputados, pero la norma permanece todavía "dormida" en el Congreso
España vive un año negro en materia de incendios. Más de 400.000 hectáreas han ardido en lo que va de 2025, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis).
El dato es demoledor. Ha vuelto a situar en el centro del debate político. Todo por una ley que duerme en un cajón del Ministerio del Interior desde hace casi 5 años.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó hace unos días un plan integral contra el fuego. Incluye 50 medidas y persigue dar una respuesta estructural a una amenaza que se repite cada verano.

Entre esas medidas figura una propuesta clave: crear un marco normativo común para los servicios autonómicos de prevención, extinción y salvamento, conocidos como Speis. El objetivo es coordinar a los más de 20.000 bomberos repartidos en 120 servicios en todo el país.
Sin embargo, esta idea no es nueva. En septiembre de 2020, Unidas Podemos ya había registrado en el Congreso una proposición de ley en esta misma dirección.
El texto pedía reconocer la profesión de bombero, unificar competencias y fijar funciones claras bajo un paraguas estatal. La propuesta recibió un amplio respaldo. En octubre de ese año fue aprobada por 308 diputados.
Pero el impulso se frenó en seco. La norma quedó paralizada por el propio Ministerio del Interior.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska nunca la activó y el texto permanece bloqueado desde entonces. Una situación que los bomberos califican de incomprensible.

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) ha sido especialmente crítica. Recuerda que la llamada Ley Marco de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento ya estaba en la agenda del anterior Gobierno. Denuncia que Interior ha congelado una herramienta esencial para mejorar la respuesta en catástrofes.
Los bomberos sostienen que la parálisis tiene un coste. Señalan que en tragedias recientes, como la dana de Valencia o los grandes incendios del verano, la falta de un marco legislativo dificultó la actuación. Miles de profesionales mostraron su disposición a intervenir, pero la ausencia de reglas claras impidió una respuesta rápida y eficaz.
La CUBP insiste en que el desbloqueo de la norma despolitizaría los servicios de emergencia. Permitiría movilizar recursos del Estado sin depender de equilibrios electorales ni de tensiones entre comunidades autónomas y Gobierno central. En su opinión, esa coordinación habría evitado errores y negligencias detectadas en varias operaciones de rescate.
El PP ha aprovechado la ocasión para retomar la bandera de la seguridad frente a catástrofes naturales. Reclama la activación inmediata de la ley y acusa al Ejecutivo de Sánchez de dejación de funciones.
Desde Interior, sin embargo, no hay señales de movimiento. La iniciativa sigue estancada, pese a los incendios que cada año arrasan bosques, viviendas y cosechas.
La situación genera frustración en el sector. Bomberos profesionales que reclaman desde hace años un marco claro se sienten ignorados. Y mientras tanto, el fuego avanza cada verano.
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