
Las primeras insólitas palabras de la familia de Cerdán tras su entrada en prisión
Los familiares instaban a la prensa a ir "a la puerta de la Ayuso" mientras otra mujer carga contra los periodistas
Por primera vez desde que estalló el escándalo que salpica al número tres del PSOE, Santos Cerdán, su familia ha roto el silencio. Lo ha hecho desde la puerta de su casa.
Allí, su entorno más cercano ha estallado. Entre lágrimas, dolor y una presión mediática que ya sienten como insostenible.

"Es una vergüenza lo que estáis haciendo, estáis destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros, de todos", gritaba una mujer visiblemente afectada. Su voz temblaba. Lloraba mientras señalaba con rabia a los periodistas apostados frente al domicilio familiar.
Fue uno de los momentos más tensos desde que se conocía el ingreso en prisión de Santos Cerdán.
No fue la única. Paqui, la mujer de Santos Cerdán, también se dirigió directamente a los reporteros. "Id a la puerta de la Ayuso", dijo.
Una frase breve, cargada de significado político y emocional. Con ella apuntaba directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La escena refleja el clima de tensión que se vive en el entorno del dirigente socialista. Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha sido uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Ahora parece que nadie del partido le conocía.
Su nombre apareció como clave en conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación del caso Koldo. Que involucra a antiguos colaboradores del exministro José Luis Ábalos. Cerdán ya está en prisión.

La familia asegura que todo esto es injusto.
El PSOE, por su parte, ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez. Tanto es así, que reniegan de Cerdán y su discurso gira en torno a que no es parte del partido.
Estas son las condenas a las que podría enfrentarse Cerdán tras su entrada en prisión
Santos Cerdán ya está en Soto del Real. El exnúmero tres del PSOE ha sido enviado a prisión provisional por orden del Tribunal Supremo. Además, está acusado de varios delitos graves: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía Anticorrupción ve en él un papel clave en la supuesta red de corrupción ligada a contratos públicos.
Organización criminal: hasta 8 años de cárcel
El delito más severo que se le atribuye es el de organización criminal. Según el artículo 570 bis del Código Penal, este delito castiga la participación en grupos que persiguen cometer delitos graves o continuados. Si se prueba que Cerdán formó parte de una red estructurada para delinquir, la condena puede ir de 4 a 8 años de prisión.
A esto hay que sumar una más que posible multa económica.
La pena aumenta si se demuestra que desempeñó un rol directivo. En ese caso, podría ser considerado uno de los jefes de la trama, lo que implicaría el máximo castigo dentro del rango legal.
Cohecho: de 3 a 6 años y multas millonarias
El segundo delito es cohecho, o soborno. En su forma pasiva, implica que un funcionario reciba dinero o favores a cambio de influir en decisiones públicas. Según el artículo 419 del Código Penal, la pena puede alcanzar los 6 años de prisión.
Además de inhabilitación para cargo público durante hasta 9 años.
Pero hay más. El cohecho puede acarrear multas que duplican o triplican el valor del soborno recibido. Si se demuestra que obtuvo beneficios económicos personales o para terceros, las consecuencias serán aún más duras.
Tráfico de influencias: hasta 6 años
El tercer delito que se le atribuye es tráfico de influencias. Es decir, haber utilizado su posición política para beneficiar a empresas o personas cercanas. La ley castiga esta conducta con entre 6 meses y 6 años de prisión, además de fuertes multas y la inhabilitación para empleo público.
En el caso de Cerdán, se investiga si usó su posición en el PSOE para favorecer a la empresa Servinabar. Una que, según la UCO, Cerdán poseía un 45%. También se le vincula con Koldo García, epicentro de la red de contratos amañados.
Una posible suma de hasta 20 años
Si se confirman las acusaciones, Cerdán podría enfrentarse a una pena acumulada de hasta 20 años de prisión. Esta cifra depende de cómo se califiquen finalmente los delitos y si el tribunal aplica las penas máximas.
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado ya su dureza al pedir prisión provisional inmediata. Considera que existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas y continuidad delictiva.
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