Junts ha decidido no apoyar el real decreto-ley de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso para someterlo a votación. La negativa añade una nueva dificultad parlamentaria para Pedro Sánchez después de que el Ejecutivo aprobara esta semana dos textos separados con el objetivo de sacar adelante un amplio paquete de medidas sobre alquileres, desahucios y acceso a la vivienda. Fuentes de la formación han confirmado su rechazo después de analizar el contenido definitivo de la norma.
Uno de los principales motivos es el mecanismo previsto cuando un inquilino vulnerable acumule una deuda y no exista una alternativa habitacional. Junts cuestiona que la administración autonómica competente disponga de dos meses para ofrecer esa alternativa o abonar las cantidades reclamadas al propietario.
El texto publicado en el BOE establece que, si transcurre ese plazo sin una solución habitacional ni el pago íntegro, la administración competente pasa a ocupar automáticamente la posición deudora del arrendatario. El Estado compensará posteriormente a las comunidades autónomas por los gastos, pero no asumirá los intereses que puedan generarse por un retraso de la propia administración autonómica.
Junts anuncia que no apoyará el decreto de vivienda y complica los planes de Sánchez en el Congreso
Junts denuncia una invasión de competencias de Cataluña
La formación sostiene además que algunas disposiciones interfieren en materias que considera propias de la Generalitat. Vivienda y servicios sociales son dos de los ámbitos sobre los que Cataluña tiene competencias, y Junts reprocha al Gobierno central que introduzca obligaciones económicas a través de modificaciones de carácter procesal.
El partido también rechaza la ampliación de determinadas protecciones frente a los desahucios hasta 2030. El Real Decreto-ley 26/2026 permite suspender procedimientos cuando concurran situaciones de vulnerabilidad y no exista una alternativa habitacional, incluso en determinados casos en los que ya se hubiera dictado una resolución que pusiera fin al procedimiento.
A ello se suman las dudas planteadas por Junts sobre la regulación de las compras consideradas especulativas y la definición estatal de vivienda asequible. La formación considera que algunos artículos presentan problemas de seguridad jurídica y reclama que se preserve expresamente la normativa catalana en ámbitos como los alquileres temporales.
También critica que el decreto incluya modificaciones fiscales junto con medidas de vivienda y sostiene que algunas de las actuaciones previstas no entrarán en vigor hasta 2027, por lo que cuestiona la utilización de la figura del real decreto-ley para determinadas reformas.
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El Gobierno necesita reconstruir sus apoyos antes del viernes
El rechazo llega apenas un día después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se declarara "decepcionada" y "preocupada" por el contenido aprobado por el Consejo de Ministros, aunque entonces todavía evitó adelantar el sentido definitivo del voto.
El Ejecutivo afronta así una votación especialmente ajustada. El PP ya ha anunciado que votará en contra de los dos decretos, mientras otros socios parlamentarios continúan fijando sus posiciones antes del pleno extraordinario previsto para este viernes.
El Consejo de Ministros decidió precisamente dividir las medidas en dos reales decretos-ley, que deberán superar votaciones independientes. Uno recoge buena parte de las actuaciones sobre desahucios, fiscalidad, alquiler temporal y oferta asequible, mientras el segundo se centra en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento.
La decisión de Junts obliga ahora al Gobierno a encarar la votación del viernes sin uno de los apoyos que habitualmente necesita para construir una mayoría. El contenido que el Ejecutivo aprobó esta semana llega así al Congreso sin tener garantizada su continuidad, a la espera de conocer el posicionamiento definitivo del resto de grupos.
