El organismo electoral investiga la comparecencia del presidente tras convocar elecciones. Sánchez acumula 6.600 euros en multas anteriores por vulnerar la neutralidad institucional
La Junta Electoral Central (JEC) vuelve a poner el foco sobre Pedro Sánchez. El organismo ha acordado este jueves abrir un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno por su comparecencia del pasado 6 de octubre en el Palacio de la Moncloa, apenas un día después de anunciar las elecciones generales del 29 de noviembre.
El procedimiento investiga si Sánchez aprovechó una rueda de prensa institucional para trasladar mensajes electorales, una práctica que podría vulnerar el principio de neutralidad exigido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El PP denunció un supuesto mitin electoral desde Moncloa
La comparecencia tuvo lugar después del Consejo de Ministros que aprobó nuevamente dos decretos sobre vivienda rechazados previamente por el Congreso.
La JEC no incluye en el expediente la declaración institucional del día anterior, 5 de octubre, cuando Sánchez anunció la disolución de las Cortes
El Partido Popular denunció que Sánchez utilizó recursos institucionales para ensalzar su gestión, atacar a la oposición y reclamar una mayoría parlamentaria más amplia. Los populares también solicitaron retirar la grabación de los canales oficiales de Presidencia.
La JEC ha decidido investigar aquella intervención, aunque ha dejado fuera del expediente la declaración institucional del 5 de octubre, cuando todavía no habían entrado en vigor las restricciones electorales.
Sánchez acumula 6.600 euros en sanciones electorales anteriores
El nuevo procedimiento recupera una cuestión especialmente relevante: los antecedentes del presidente por incumplimientos de la neutralidad institucional.
Sánchez ya acumula multas que suman 6.600 euros por actuaciones anteriores, entre ellas una entrevista desde Moncloa en periodo electoral y unas declaraciones realizadas en Bruselas en 2023.
El expediente recién abierto podría desembocar en una nueva sanción de entre 300 y 3.000 euros, aunque todavía no existe una resolución definitiva.
La controversia plantea una cuestión que trasciende la posible multa: dónde termina la comunicación institucional del Gobierno y dónde comienza la propaganda electoral cuando quien comparece es también candidato a la Presidencia.
