EDATV El juez Peinado envía a la UCO la cátedra de Begoña Gómez y el contrato con Deloitte
La pieza principal del caso analiza si incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios
El juez Peinado avanza en la investigación sobre la cátedra extraordinaria que dirigió Begoña Gómez en la UCM. El magistrado ha remitido nueva documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ese material será clave en el informe de conclusiones que preparan los investigadores.
La pieza principal del caso analiza si la esposa del presidente del Gobierno incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el centro de las pesquisas está la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva, puesta en marcha en octubre de 2020 con apoyo de grandes empresas y fundaciones.
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El convenio original fue firmado por la UCM, Reale Seguros. Cada una comprometió una aportación de 60.000 euros. El acuerdo incluía como objetivo el desarrollo de una plataforma tecnológica para medir el impacto social.
Esa herramienta digital, hoy bajo sospecha, acabó vinculada directamente a Gómez.
Los investigadores deberán aclarar si la esposa de Pedro Sánchez se apropió de forma indebida de un software creado por varias empresas privadas. Dichas compañías lo desarrollaron de forma altruista, pero terminó en una web registrada a nombre de Gómez.
Además, ella inscribió la marca que da título a la plataforma. La universidad, en cambio, nunca defendió sus derechos ni patentó el producto.
En el sumario figuran once adendas. Son convenios adicionales que permitieron la entrada de más patrocinadores en la cátedra. En la lista aparecen varios nombres.
Algunos de esos contratos reflejan de manera explícita las cantidades económicas aportadas. El Human Age Institute comprometió 10.000 euros anuales.
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La empresa Numintec puso 6.000 euros. Estos datos forman parte del paquete documental que ahora examina la Guardia Civil.
El juez Peinado también ha remitido a la UCO el contrato con Deloitte. Una de las consultoras que participó en el desarrollo tecnológico de la cátedra. Los investigadores deberán analizar si existió un uso irregular de fondos y si hubo beneficios privados derivados de recursos académicos.
El caso ha abierto un debate sobre la gestión universitaria. Además del papel de las empresas en la financiación de proyectos académicos y los posibles conflictos de intereses.
La Complutense, por su parte, no ha reivindicado la titularidad de la herramienta tecnológica. Tampoco ha ofrecido una explicación clara sobre la ausencia de patentes o registros a su nombre.
El envío de documentación a la UCO supone un paso más en una investigación que avanza de manera silenciosa pero constante. El informe que elabore la Guardia Civil será determinante para establecer si existen indicios sólidos de delito.
La figura de Begoña Gómez se mantiene en el centro de la polémica. Lo que comenzó como una iniciativa universitaria respaldada por grandes compañías se ha convertido en un caso judicial con posibles consecuencias políticas. El desenlace dependerá ahora del trabajo de los investigadores y de las decisiones que adopte el juez en las próximas semanas.
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