El magistrado extiende también a Toni Comín y Lluís Puig la doctrina sobre la amnistía a la malversación, aunque deja constancia de su discrepancia con el tribunal de garantías
El juez Pablo Llarena ha confirmado que las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig permanecen sin efecto. El instructor de la causa del proceso independentista ha rechazado el recurso presentado por Vox y ha asumido para los tres dirigentes independentistas el criterio fijado por el Tribunal Constitucional respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación.
La decisión supone trasladar al caso de Puigdemont, Comín y Puig la doctrina ya establecida en relación con la exconsellera Dolors Bassa. Llarena entiende que no existe ningún elemento particular en la situación de los tres procesados que permita mantener una interpretación diferente de la que ha marcado el Constitucional.
Eso no significa, sin embargo, que la causa quede cerrada de manera automática. El levantamiento de las órdenes de detención es un paso relevante, pero la decisión definitiva sobre la aplicación de la amnistía y la posible extinción de la responsabilidad penal corresponderá al tribunal competente.
El juez Llarena levanta definitivamente la orden de detención de Puigdemont y cuestiona al Constitucional
Llarena deja por escrito sus críticas al Constitucional
Aunque aplica el criterio del tribunal de garantías, Llarena deja claro que no comparte su interpretación jurídica sobre la malversación. El magistrado había defendido hasta ahora que los hechos atribuidos a los antiguos responsables independentistas quedaban fuera de los supuestos cubiertos por la Ley de Amnistía.
El juez también cuestiona el tono empleado por el Constitucional para censurar el criterio mantenido anteriormente por el Supremo. En su resolución recuerda que cinco magistrados del propio tribunal de garantías formularon un voto particular, circunstancia que, a su juicio, debería haber llevado a una mayor “mesura” en las valoraciones realizadas por la mayoría.
Pese a esas discrepancias, Llarena reconoce el carácter vinculante de la doctrina constitucional y la aplica al caso. De esta forma, consolida el levantamiento de las órdenes que impedían hasta ahora el regreso de Puigdemont sin riesgo de ser detenido por este procedimiento.
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La Sala Penal deberá decidir sobre la amnistía
El siguiente movimiento corresponde ahora a la Sala Penal que juzgó a los principales responsables del ‘procés’. Será ese tribunal el que tenga que pronunciarse sobre la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig.
La nueva doctrina también puede tener efectos sobre otros antiguos miembros del Govern condenados por malversación. Entre ellos se encuentran Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, que todavía mantienen penas de inhabilitación pese a haber sido indultados en 2021 de las penas de prisión pendientes.
Si finalmente se les aplica la amnistía, esas inhabilitaciones quedarían sin efecto. En el caso de Puigdemont, Comín y Puig, la resolución de Llarena supone por ahora que ya no existe una orden de detención vigente contra ellos en esta causa, a la espera de que la Sala Penal adopte la decisión definitiva.
