Estas nuevas actuaciones se suman a las iniciativas impulsadas por la organización durante los últimos días
La asociación Hazte Oír ha intensificado sus actuaciones ante el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) a poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La organización reclama medidas urgentes para garantizar el control de los votos procedentes del extranjero que puedan verse afectados por las resoluciones judiciales relacionadas con la conocida como Ley de Nietos.
Uno de los principales objetivos de Hazte Oír es evitar que los sobres electorales afectados por los procedimientos judiciales se mezclen con el resto de los votos antes de que se resuelvan las cuestiones pendientes.
Para ello, la asociación ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita que se agilice la resolución de las medidas cautelares. También reclama que los sobres afectados sean identificados y custodiados de manera independiente, sin proceder a su apertura.
La iniciativa incluye otras peticiones, como la conservación de los registros y documentos electorales y la obtención de información sobre las instrucciones administrativas aplicadas al censo exterior.
Hazte Oír también ha acudido a la Junta Electoral Central para solicitar una instrucción que permita determinar qué inscripciones electorales están afectadas por los procedimientos judiciales y cuáles quedan excluidas. Asimismo, propone contabilizar los sobres separados por circunscripción para facilitar su identificación y posterior tratamiento conforme a las decisiones de los tribunales.
Estas nuevas actuaciones se suman a las iniciativas impulsadas por la organización durante los últimos días. Según ha comunicado la propia asociación, ha entregado más de 89.000 firmas ante la Junta Electoral Central para exigir una auditoría del proceso, mayor transparencia y garantías electorales.
Además, Hazte Oír asegura haber presentado su personación y oposición ante el Tribunal Constitucional en relación con las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo. La organización también ha anunciado posibles acciones judiciales contra los magistrados que, a su juicio, incumplan la legalidad al concederlas.
La asociación sostiene que sus iniciativas buscan garantizar la igualdad del voto, la legalidad del censo electoral y el cumplimiento de las resoluciones judiciales antes de los comicios del 29 de noviembre.
