La jubilación de Juan Carlos Peinado no ha puesto fin a la batalla judicial de Cristina Álvarez. La colaboradora de Begoña Gómez en La Moncloa ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid para intentar que se invalide la decisión del magistrado de llevarla ante un jurado popular, en el marco del procedimiento que también afecta a la esposa de Pedro Sánchez.
La estrategia de su abogado, José María de Pablo, pasa por cuestionar la validez de una de las últimas actuaciones del antiguo titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En concreto, denuncia que su representada no tuvo ocasión de participar en la audiencia que precedió a la apertura de juicio oral.
La información, adelantada por La Razón, sitúa ahora el conflicto en manos de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, que deberá examinar las objeciones planteadas por la defensa.
El objetivo de Álvarez es que el procedimiento regrese a una fase anterior y se celebre nuevamente la comparecencia que dio paso a su envío a juicio.
El objetivo de Álvarez es que el procedimiento regrese a una fase anterior y se celebre nuevamente la comparecencia
Las vacaciones de la asesora y la jubilación del juez
La sucesión de fechas resulta fundamental para comprender el recurso. Peinado fijó para el 8 de septiembre una audiencia en la que debía abordarse la continuación de la causa contra las investigadas.
En aquel momento, Álvarez estaba de vacaciones en un crucero con salida desde Miami. Su regreso a España no estaba previsto hasta el 28 de septiembre, por lo que la comunicación de la convocatoria, realizada apenas 24 horas antes, no le permitió acudir.
Su defensa había pedido modificar el calendario para garantizar su participación, pero el magistrado mantuvo la fecha.
La celebración de aquella sesión se produjo, además, en las últimas semanas de actividad profesional de Peinado. El juez comenzó sus vacaciones al día siguiente y abandonó definitivamente la carrera judicial el 27 de septiembre, cuando cumplió 72 años.
Esta circunstancia también aparece en las alegaciones de Álvarez. Su abogado sostiene que la urgencia de la convocatoria respondió al calendario personal del magistrado, una interpretación de la defensa que no constituye un hecho judicialmente acreditado.
Si la audiencia se hubiera pospuesto hasta finales de septiembre, habría correspondido previsiblemente al sustituto de Peinado pronunciarse sobre la situación procesal de las investigadas.
El argumento con el que Álvarez pretende repetir la audiencia
La reclamación no se centra en discutir las pruebas de la investigación, sino en la forma en la que se adoptó la decisión de llevar el procedimiento a juicio.
José María de Pablo considera que su clienta sufrió una vulneración de sus derechos procesales porque no pudo participar en una sesión con consecuencias directas para su futuro judicial.
La defensa subraya que Álvarez nunca manifestó su intención de ausentarse voluntariamente. Al contrario, había comunicado que deseaba estar presente.
Por ello, sostiene que la convocatoria impidió que pudiera intervenir y realizar las manifestaciones que considerase oportunas antes de que el magistrado resolviera.
El recurso también rechaza que las necesidades de organización del juzgado puedan justificar, por sí solas, una limitación de las garantías de una persona acusada.
La asesora de Begoña Gómez solicita que se deje sin validez la audiencia de septiembre y se anulen las actuaciones posteriores que dependan de ella, incluida la resolución que acordó la apertura de juicio oral.
