La investigación sobre las presuntas operaciones clandestinas vinculadas al entorno del PSOE ha abierto un nuevo frente judicial. Leire Díez y Jacobo Teijelo han tratado de impedir que la Guardia Civil examine parte de las pruebas recopiladas en el procedimiento, pero sus argumentos no han convencido a la Fiscalía Anticorrupción.
Según adelanta La Razón, el Ministerio Público considera que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) necesitan conocer el contenido de las comparecencias judiciales para reconstruir los hechos y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones.
La disputa afecta directamente al desarrollo de unas pesquisas que buscan aclarar las supuestas maniobras destinadas a obtener información sobre investigadores y procedimientos judiciales relacionados con figuras próximas al PSOE.
La posición de Anticorrupción supone un nuevo obstáculo para la estrategia procesal de Leire Díez, investigada en una causa en la que se examinan sus presuntas actividades para conseguir información comprometedora sobre determinados miembros de la Guardia Civil.
La posición de Anticorrupción supone un nuevo obstáculo para la estrategia procesal de Leire Díez
Una batalla judicial por el control de las pruebas
El origen de la controversia se encuentra en una autorización concedida por Santiago Pedraz el pasado 23 de septiembre. El magistrado permitió que los investigadores policiales recibieran documentación correspondiente a las comparecencias celebradas ante el juzgado.
El objetivo de la Guardia Civil es contrastar los datos obtenidos hasta ahora con las explicaciones ofrecidas por quienes han declarado en el procedimiento. Ese análisis podría ayudar a reconstruir determinados episodios, identificar posibles discrepancias y orientar las siguientes actuaciones.
La medida, sin embargo, encontró la oposición de Jacobo Teijelo, quien recurrió la decisión al entender que la valoración del material judicial corresponde al instructor.
Leire Díez respaldó posteriormente esa interpretación. Su defensa considera que los agentes no pueden asumir funciones reservadas al magistrado y cuestiona que tengan acceso a esas actuaciones para decidir qué nuevas comprobaciones realizar.
Anticorrupción discrepa de esta interpretación y sostiene que la Guardia Civil puede solicitar información judicial cuando resulte útil para el esclarecimiento de los hechos.
La Fiscalía reivindica las facultades de investigación de la Guardia Civil
El Ministerio Público recuerda que la legislación española reconoce a la Policía Judicial capacidad para desarrollar investigaciones penales, siempre bajo la dirección de los órganos judiciales y de la Fiscalía.
Por tanto, recibir documentación autorizada por el instructor no implica que los agentes asuman competencias judiciales ni que puedan consultar libremente cualquier contenido del procedimiento.
Las fiscales consideran que la intervención policial exige precisamente conocer los elementos relevantes que van apareciendo durante la instrucción. De lo contrario, la unidad encargada de las pesquisas podría encontrarse con dificultades para comprobar nuevas informaciones o relacionar distintos testimonios.
Esta interpretación se apoya tanto en la normativa procesal como en los criterios establecidos por el Tribunal Supremo acerca de las funciones de la Policía Judicial.
Pedraz mantiene su decisión frente a las defensas
La oposición de los investigados tampoco ha prosperado ante Santiago Pedraz. El magistrado ha rechazado el recurso de Teijelo y ha mantenido la autorización que permite a la UCO disponer de las declaraciones solicitadas.
El juez entiende que la información aportada durante los interrogatorios puede resultar relevante para esclarecer los acontecimientos examinados en la causa. Por ello, considera justificado que los investigadores tengan acceso a ese material.
