La izquierda se tira de los pelos después de que el Supremo condene al fiscal general del Estado por revelación de secretos
La izquierda se tira de los pelos
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Muchos han sido los perfiles que tanto en redes como en medios de comunicación han tachado la sentencia de lawfare
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La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una fuerte reacción en sectores de la izquierda. El fallo, que lo condena por un delito de revelación de datos reservados, ha provocado una oleada de críticas en redes sociales. Algunas voces han ido incluso más lejos, cuestionando la credibilidad del sistema judicial.
Las reacciones más visibles han surgido en X, donde varios perfiles afines al Gobierno han mostrado su indignación. Entre ellos, la creadora de contenido y activista Sarah Santaolalla, que publicó:
“La poca credibilidad que quedaba en la justicia acaba de desaparecer. ¡Vaya vergüenza!”.
García Ortiz y la defensa de la izquierda
Pero no ha sido la única. Ione Belarra calificaba de "asesinato civil" contra el fiscal general del Estado.
"Sobre el asesinato civil del Fiscal General del Estado. Puro golpismo judicial."
"Acaban de asesinar civilmente al Fiscal General del Estado."
Sus mensajes reflejan su sentimiento compartido por otros usuarios que consideran la sentencia una maniobra política.
La resolución del Supremo impone a García Ortiz una multa de doce meses, con una cuota diaria de veinte euros. Sumando una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo de fiscal general.
Además, lo obliga a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. El fallo ha dejado en shock a parte de la izquierda, que esperaba una absolución completa.
El discurso de la izquierda: desconfianza y ataques al poder judicial
Tras conocerse la condena, numerosos perfiles progresistas acusaron al alto tribunal de actuar movido por intereses políticos. Algunos hablaron de “lawfare”. Otros calificaron la decisión como un “ataque” al Gobierno y a su proyecto político.
El clima de crispación se intensificó rápidamente. Los comentarios más duros insistieron en que la justicia española “está contaminada”.
Varios usuarios pidieron reformas estructurales del Poder Judicial. Otros exigieron una respuesta directa del Gobierno.
El fiscal general del Estado sigue dando de qué hablar
Las reacciones muestran un patrón ya habitual: cada decisión judicial contraria a figuras cercanas al Ejecutivo desata una campaña de descrédito hacia los jueces. Este caso no ha sido la excepción. Las críticas no se centraron en el contenido de la sentencia, sino en la supuesta intencionalidad detrás de ella.
Un fallo que golpea a la cúpula del Ministerio Fiscal
La condena a García Ortiz tiene un impacto institucional evidente. El fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y dirige la acción penal en todo el Estado. Su inhabilitación deja abierta una crisis interna y obliga al Gobierno a buscar un sustituto.
La izquierda más cercana al Ejecutivo ha intentado presentar el fallo como una decisión injusta. Pero la sentencia del Supremo es clara: García Ortiz reveló datos protegidos por ley. Y esa vulneración tiene consecuencias jurídicas.
Polarización al alza
La reacción en X simboliza el momento político actual. La izquierda denuncia una supuesta persecución judicial. La oposición reclama responsabilidades políticas al Gobierno por haber defendido al fiscal general hasta el final.
Entre tanto, la decisión del Supremo añade presión a un clima ya polarizado.
Las palabras de Sarah Santaolalla,“La poca credibilidad que quedaba en la justicia acaba de desaparecer”, se han vuelto virales. Reflejan una narrativa que se expande con rapidez. Pero también revelan una estrategia: convertir cada revés judicial en un argumento contra el propio sistema judicial.
