El fiscal general del Estado García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelar secretos
García Ortiz condenado por revelación de secretos
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Además, deberá pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros
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La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. La decisión marca un hecho inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal.
La sentencia impone una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros. También fija una inhabilitación especial de dos años para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado. Durante ese periodo, García Ortiz no podrá desempeñar esa función ni ejercer las atribuciones asociadas a ella.
El fiscal general del Estado sigue dando de qué hablar
El tribunal le obliga además a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. A ello se suma una responsabilidad civil: deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales causados.
García Ortiz queda absuelto del resto de delitos por los que había sido acusado. La sentencia ya está acordada, pero su texto completo aún está pendiente de redacción. Entrará en vigor en el momento en que sea notificada oficialmente.
La resolución no ha sido unánime. Incluirá dos votos particulares firmados por las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, quienes discrepan del criterio mayoritario de la Sala. Sus argumentos se conocerán cuando la sentencia se haga pública en su versión íntegra.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido procesar al fiscal general del Estado
La condena abre un escenario complejo en la cúpula del Ministerio Fiscal. El fallo deja en el aire la continuidad de García Ortiz y obligará al Gobierno a valorar los próximos pasos. El caso también tiene repercusión política, dado que afecta directamente a la figura responsable de dirigir la acción del Ministerio Fiscal en todo el país.
El Supremo subraya que la revelación de datos reservados constituye un ataque a la confidencialidad que debe regir la actuación judicial y fiscal. Con esta decisión, el alto tribunal envía un mensaje claro sobre los límites legales de quienes ejercen responsabilidades públicas.
