La condena a David Sánchez Pérez-Castejón ha provocado una reacción inmediata y perfectamente coordinada en el entorno político y mediático de la izquierda. Lejos de centrarse en los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Badajoz, ministros, dirigentes socialistas y tertulianos afines han optado por presentar el fallo como un nuevo episodio de persecución contra Pedro Sánchez y su Gobierno.
La Sección Primera de la Audiencia pacense ha condenado al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo. El tribunal lo considera cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su puesto en la Diputación de Badajoz. La resolución sostiene que la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios fue creada con el objetivo de que terminara ocupándola David Sánchez.
Óscar Puente y su victimismo por la condena al hermano de Sánchez
La sentencia absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, por lo que no impone ninguna pena de prisión. Tampoco es firme: las defensas disponen de diez días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para desplazar el foco desde el contenido del fallo hasta el origen del procedimiento. Saiz recordó que la investigación nació de la denuncia de una organización que calificó como "ultra", subrayó que la Fiscalía había solicitado la absolución y destacó que no había acusación particular.
"Confianza en la Justicia y en que se constate su inocencia", afirmó la ministra después de conocerse una sentencia condenatoria dictada por tres magistrados. El argumento empleado por Saiz resulta especialmente significativo porque la propia resolución explica que, al no acusar el Ministerio Fiscal y no existir perjudicados concretos, fueron las acusaciones populares las que hicieron posible la continuación del procedimiento.
El hermano de Sánchez condenado a 9 años de inhabilitación
Óscar Puente fue todavía más lejos. El ministro de Transportes aseguró en X que esta época será estudiada como aquella en la que se "tensaron las costuras" de las instituciones con la finalidad de derribar a un Gobierno ante la imposibilidad de derrotarlo en las urnas. Su mensaje no se limitó a discrepar de la sentencia, sino que situó la decisión judicial dentro de una supuesta operación política contra el Ejecutivo.
La tertuliana Sarah Santaolalla completó ese mismo relato. "La derecha mediática, judicial y política ya se han pasado de frenada", escribió antes de afirmar que se habían superado "todos los límites". Además, compartió el mensaje publicado por Puente, reforzando la teoría de un frente conjunto formado por oposición, medios de comunicación y tribunales.
La estrategia vuelve así a repetirse: cuando una resolución afecta al entorno de Pedro Sánchez, el debate deja de girar sobre los documentos, los correos y los actos administrativos examinados por los jueces. La respuesta pasa directamente por denunciar una cacería, cuestionar a quienes ejercen la acusación y presentar al condenado como víctima de una ofensiva contra el Gobierno. La batalla judicial continuará con los recursos. La política, sin embargo, ya ha comenzado.
