La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarlo responsable de un delito de prevaricación en la contratación que ocupó en la Diputación de Badajoz. El tribunal, sin embargo, descarta que existiera un delito de tráfico de influencias, por lo que no impone ninguna pena de prisión.
El fallo llega varios meses después de la celebración del juicio, en el que se analizó el proceso mediante el que el hermano del presidente del Gobierno accedió al puesto de coordinador de los conservatorios dependientes de la institución provincial.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez
La resolución pone fin a un procedimiento en el que las acusaciones populares modificaron su estrategia durante la vista oral. Tras la práctica de la prueba, la mayoría decidió elevar las penas inicialmente solicitadas al entender que las declaraciones de varios testigos reforzaban la tesis de que la plaza fue creada de forma irregular.
Entre esas comparecencias figuró la de una candidata que participó en el proceso selectivo y aseguró haber sido advertida antes de las entrevistas de que el puesto ya tenía destinatario. A esa declaración se sumó la del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, quien sostuvo que la iniciativa para crear la plaza no nació en el área de Cultura de la Diputación.
La resolución pone fin a un procedimiento en el que las acusaciones populares modificaron su estrategia durante la vista oral
Durante el juicio también declararon técnicos de la institución provincial que explicaron las funciones de la Oficina de Artes Escénicas y del puesto adjudicado a David Sánchez. Sus testimonios fueron utilizados por las acusaciones para defender que no se trataba de una simple reorganización administrativa, sino de una plaza creada específicamente para esa contratación.
Gallardo condenado
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El tribunal le considera responsable de dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con las contrataciones de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Luis Carrero.
