EDATV Irene Montero destinó a las pulseras antimaltrato 'de AliExpress' 35 millones de euros
El contrato estaba vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos
El Ministerio de Igualdad adjudicó un contrato millonario para el control de las medidas de alejamiento en casos de violencia de género. El gasto superó los 35 millones de euros y fue a parar a Vodafone España S.A.U.
El expediente, tramitado por la vía de urgencia, fijó un presupuesto base de más de 41 millones. Finalmente, la adjudicación se cerró en 35,2 millones. El contrato estaba vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos.
El objetivo era garantizar un servicio integral de seguimiento telemático. En concreto, controlar que los agresores cumplieran las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces. Para ello, se usan las conocidas pulseras antimaltrato.
Derroche de Montero en las pulseras que dan fallos | EDATV
Pero el sistema no ha estado libre de críticas. La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, denunció que los dispositivos adquiridos daban fallos graves. Incluso llegó a calificarlos como “pulseras de AliExpress”.
Entre los problemas detectados, destacan varios. El primero, que los agresores pueden retirar las pulseras sin activar las alarmas. El segundo, que las alertas no siempre funcionan.
Y el tercero, que los errores en el volcado de datos amenazan con poner en riesgo procedimientos judiciales.
Las advertencias llegaron al propio Ministerio. En enero de 2024, Carmona aseguró que transmitió sus dudas a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo. Según explicó, pidió personalmente una reunión para trasladar su preocupación por la fiabilidad de los dispositivos.
Montero y Pam derrocharon más de 30 millones en unas pulseras que dan fallos | Europa Press
Desde Igualdad, sin embargo, defendieron la legalidad y eficacia del sistema. Aseguraron que los nuevos dispositivos eran “más modernos” y que los problemas habían sido “puntuales” durante el cambio de empresa adjudicataria.
Pese a esa defensa, las críticas no han cesado. Diversas asociaciones feministas han pedido explicaciones por el uso de fondos públicos en un sistema que genera dudas. Para la oposición, se trata de un ejemplo de despilfarro en plena crisis económica.
El gasto es difícil de justificar ante la opinión pública. Más de 35 millones de euros invertidos en dispositivos que no ofrecen plena seguridad. Una cifra que se suma a los más de 36 millones adjudicados en 2021 a Telefónica por un contrato similar.
En total, el sistema de pulseras ha supuesto ya más de 70 millones de euros en apenas tres años. Y las denuncias sobre su fiabilidad ponen en entredicho la gestión del Ministerio durante la etapa de Irene Montero.
El problema no es solo económico. También afecta a la confianza de las víctimas.
Si el sistema falla, las mujeres quedan desprotegidas frente a sus agresores. Y los fallos técnicos pueden tener consecuencias judiciales irreversibles.
El escándalo crece. Lo que nació como una medida de protección se ha convertido en un nuevo frente de polémica política. El coste millonario y la sombra de ineficacia amenazan con marcar la herencia de Irene Montero en Igualdad.
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