
El investigado por yihadismo al que Sánchez ha premiado con casi medio millón de euros
El Gobierno otorga una subvención de 444.000 euros a la Comisión Islámica liderada por un sirio con antecedentes
El Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado una fuerte controversia al conceder una subvención de 444.000 euros a la Comisión Islámica de España (CIE), una entidad presidida por Aiman Adlbi. Se trata de un ciudadano sirio que está siendo investigado por posibles vínculos con la financiación de grupos yihadistas.
Según la información disponible, la subvención se otorgó a pesar de que Adlbi, líder de la CIE, fue detenido en 2021 por la Policía Nacional en una operación contra el terrorismo. Las autoridades lo investigan por presuntos delitos relacionados con el apoyo económico a organizaciones yihadistas. Aunque Adlbi fue puesto en libertad tras su detención, las pesquisas siguen en curso, lo que ha levantado alarmas sobre la decisión de financiar a la entidad que preside.

La Comisión Islámica de España es una organización reconocida oficialmente que representa a comunidades musulmanas en el país. Su objetivo es promover el diálogo interreligioso y gestionar asuntos relacionados con la práctica del islam.
Sin embargo, la asignación de fondos públicos a una entidad encabezada por una persona bajo investigación ha generado críticas de diversos sectores. Algunos políticos y analistas han exigido explicaciones al Gobierno sobre los criterios utilizados para aprobar esta subvención.
Fuentes cercanas al Ejecutivo han defendido la decisión, argumentando que los fondos están destinados a proyectos sociales y culturales, no a actividades ilícitas. No obstante, la falta de transparencia en el proceso ha alimentado el escepticismo. En redes sociales, usuarios han expresado su indignación, calificando la subvención como un error grave en un contexto de preocupación por la seguridad.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la asignación de fondos públicos. Mientras la investigación sobre Adlbi sigue en curso, la polémica pone en el punto de mira la gestión del Gobierno y su compromiso con la lucha contra el terrorismo. Por ahora, ni la CIE ni el Ejecutivo han emitido un comunicado oficial aclarando la situación.
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