El presidente anunció entonces una ley para blindar el parque público frente a los fondos de inversión, mientras el Congreso acaba de tumbar un nuevo decreto que volvía a limitar sus compras
Pedro Sánchez ya prometía en septiembre de 2018 actuar contra los denominados "fondos buitre" y reforzar el carácter social de la vivienda pública. Ocho años después, el Ejecutivo vuelve a recurrir a ese mismo frente dentro de sus propuestas para intentar contener el problema de acceso a la vivienda. El contraste cobra especial relevancia después de que el Congreso haya rechazado los dos decretos aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, uno de los cuales incluía precisamente restricciones temporales a determinadas compras realizadas por fondos de inversión.
Fue el 12 de septiembre de 2018 cuando Sánchez anunció desde el Congreso que su Gobierno desarrollaría una ley destinada a reforzar la función social de la vivienda y configurar la vivienda social como un servicio público. El presidente fue todavía más explícito respecto a los fondos de inversión: "con esta Ley vamos a poner fin [...] a la venta de la vivienda pública a los fondos buitres".
La intervención se produjo apenas unos meses después de su llegada a La Moncloa. Sánchez puso entonces como ejemplo las operaciones realizadas años antes con miles de viviendas públicas en Madrid y llegó a anunciar actuaciones de la Abogacía del Estado por aquellas ventas.
La hemeroteca vuelve a retratar a Pedro Sánchez: recupera ocho años después su promesa contra los fondos buitre
De la promesa de 2018 a la Ley de Vivienda de 2023
La promesa no quedó completamente sin desarrollo. En mayo de 2023 entró en vigor la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que incorporó mecanismos dirigidos a proteger los parques públicos y restringió su transmisión. La norma establece que las viviendas pertenecientes a esos parques solo podrán enajenarse a otras administraciones o a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a vivienda social, bajo determinadas condiciones.
La propia ley justificaba estas limitaciones como una forma de impedir que volvieran a producirse ventas indebidas de vivienda pública. Sin embargo, tres años después de su aprobación, el Gobierno ha vuelto a impulsar nuevas actuaciones frente a los fondos mientras el acceso a la vivienda continúa instalado entre las principales preocupaciones sociales.
El primer decreto llevado esta semana al Congreso recuperaba ese enfoque e incluía, junto a medidas sobre desahucios, alquileres y fiscalidad, limitaciones a determinadas compras de vivienda por fondos de inversión. Sánchez volvía así a colocar en el centro del debate una cuestión que ya había presentado como prioritaria en 2018.
La hemeroteca vuelve a retratar a Pedro Sánchez: recupera ocho años después su promesa contra los fondos buitre
Ocho años después, el Congreso tumba las nuevas medidas
El nuevo intento tampoco ha conseguido superar el filtro parlamentario. El Congreso derogó este viernes el primer decreto con 172 votos a favor y 178 en contra, gracias al rechazo conjunto de PP, Vox, Junts y UPN. La Cámara también tumbó el segundo texto, dedicado a la renovación automática de los contratos de alquiler, con 184 votos en contra.
El resultado deja al Gobierno nuevamente sin las medidas que había presentado como respuesta inmediata al problema de la vivienda. Sánchez llegó incluso a intervenir antes de las votaciones para pedir a los grupos que apoyaran los textos y advertir de que su rechazo provocaría un "daño" importante.
La secuencia deja una fotografía incómoda para el presidente: en 2018 prometió una profunda transformación de la política de vivienda y acabar con la venta de parque público a fondos de inversión; en 2023 aprobó una ley estatal que avanzó en ese blindaje y, en 2026, vuelve a necesitar nuevas medidas ante un problema que sigue sin resolver. Esta vez, además, sus propuestas ni siquiera han conseguido superar la votación del Congreso.
