La sociedad vinculada a la familia de Sebastián Franquis adquirió dos locales comerciales tras acumular 85 adjudicaciones públicas entre 2018 y 2021
Los contratos con las administraciones públicas marcaron una etapa de intensa actividad para Capross 2004 SL, una sociedad vinculada a la familia de Sebastián Franquis, máximo responsable del PSOE en Gran Canaria. Durante ese periodo, la compañía no solo consiguió numerosas adjudicaciones, sino que también amplió su patrimonio inmobiliario con la incorporación de dos nuevos establecimientos comerciales.
La información, adelantada por El Debate, sitúa esta operación en marzo de 2021, cuando la empresa ya había acumulado 85 contratos públicos desde 2018. La investigación del citado medio se apoya en documentación registral y datos oficiales de contratación.
Sebastián Franquis, dirigente socialista y exconsejero del Gobierno de Canarias, mantiene un vínculo familiar con los propietarios de la sociedad, que pertenece a su hermano y cuya administración se encuentra actualmente en manos de sus sobrinos.
La expansión patrimonial se materializó en Las Palmas de Gran Canaria. La compañía adquirió dos locales de casi 116 metros cuadrados cada uno, situados en un inmueble del centro de la capital grancanaria.
Hasta aquella operación, la sociedad disponía de una nave industrial comprada nueve años antes, en 2012. Con las nuevas incorporaciones, pasó de contar con un inmueble a disponer de tres propiedades.
Según los datos registrales publicados, los dos establecimientos fueron hipotecados con Cajamar Caja Rural. El capital principal de cada préstamo asciende a 115.000 euros y ambos tienen fijado su vencimiento para 2036.
Contratos millonarios con organismos públicos
La actividad de Capross 2004 SL durante los años de Ángel Víctor Torres al frente del Ejecutivo autonómico estuvo caracterizada por su participación en numerosos procedimientos de contratación pública.
Entre 2018 y 2023, la compañía obtuvo 162 adjudicaciones de diferentes instituciones. Su principal ámbito de negocio fue la limpieza de dependencias administrativas, edificios públicos e instalaciones sanitarias, aunque también recibió encargos relacionados con obras y suministros.
Algunos de los contratos alcanzaron cifras millonarias. Destaca especialmente una adjudicación de 9,3 millones de euros para prestar servicios de limpieza en centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.
La Agencia Tributaria también contrató a la sociedad para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de jardines en sus instalaciones de Canarias. El importe de este servicio, adjudicado en 2021, ascendió a 1,6 millones de euros.
Otro de los encargos destacados procedió del Cabildo de Tenerife, con un contrato valorado en 1,9 millones para la limpieza de sus dependencias.
El crecimiento de las adjudicaciones
Los datos recopilados por El Debate permiten observar cómo evolucionó la contratación pública de la empresa a lo largo de esos ejercicios.
En 2017, Capross 2004 SL había conseguido únicamente seis adjudicaciones. Un año después, esa cantidad se cuadruplicó hasta alcanzar las 24. La actividad siguió aumentando en 2019, cuando recibió 38 contratos.
Aunque en 2020 se produjo una reducción hasta las 23 adjudicaciones, el siguiente ejercicio volvió a registrar un incremento, con 39 contratos. Precisamente, fue durante ese año cuando la sociedad incorporó los dos locales comerciales a su patrimonio.
En los dos últimos ejercicios de la etapa analizada, la compañía contabilizó 25 adjudicaciones en 2022 y otras 12 en 2023.
La evolución posterior refleja un volumen de contratación inferior al registrado durante los años de mayor actividad. En 2024 se contabilizaron 14 contratos y en 2025 fueron 22. Por su parte, los datos correspondientes a 2026 recogen dos adjudicaciones.
La documentación difundida por El Debate pone así el foco en el crecimiento patrimonial de una empresa familiarmente vinculada a un dirigente del PSOE y en los contratos públicos que recibió durante ese periodo. Sin embargo, los datos expuestos no acreditan por sí solos que las adjudicaciones o las adquisiciones inmobiliarias fueran irregulares.
