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Un hombre de cabello canoso y traje azul habla en un podio con el logo del PSOE mientras otras personas lo observan y aplauden, con dos recuadros circulares mostrando a otros dos hombres en diferentes contextos.
POLÍTICA

El gravísmo informe de la UCO que señala 'indicios de criminalidad' contra Cerdán

El Supremo despliega una brutal operación tras un nuevo informe de la Guardia Civil

El caso Koldo, que investiga posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública, dio un paso decisivo este martes. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó múltiples entradas y registros en una operación anticorrupción de gran alcance. Esto, tras conocerse una grave información sobre el Secretario de Organización del PSOE.

Las diligencias buscan documentación vinculada a la etapa en la que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El objetivo es esclarecer posibles ilegalidades en contratos millonarios de obra pública.

Un hombre de traje azul sostiene documentos mientras camina, con un fondo de color rosa y gris; en un recuadro, agentes de la Guardia Civil llevan una caja.

La operación se enmarca en una pieza secreta del caso, iniciada tras un informe entregado el pasado 5 de junio por la  Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Este documento, supuestamente, señala indicios de criminalidad contra Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE y número tres del partido. Esto, de acuerdo con las recientes informaciones publicadas por El Mundo.

Las sospechas sobre Cerdán surgieron tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama. El mismo que afirmó que Cerdán gestionaba el denominado “cupo vasco”, un supuesto sistema para adjudicar obras civiles de forma irregular.

Tras analizar el informe de la UCO, el magistrado Puente decidió declarar secretas las actuaciones. Además, obtuvo el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción para llevar a cabo los registros. El Supremo busca incautar material que permita probar las irregularidades en las adjudicaciones.

Por ello, agentes de la UCO irrumpieron este martes en el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Así como en varias constructoras y empresas en provincias como Granada, Vizcaya, Navarra y Valencia.

Los registros también se dirigieron a compañías cuyos nombres aparecieron en el material confiscado previamente a Koldo García, exasesor de Ábalos. La operación abarca distintos puntos de la geografía española, lo que refleja la magnitud de la investigación. El objetivo es recopilar pruebas sobre posibles amaños en contratos públicos, un escándalo que podría tener amplias repercusiones políticas y judiciales.

Esta nueva fase del caso Koldo pone en el foco a figuras clave del  PSOE y genera interrogantes sobre la gestión de fondos públicos durante el mandato de Ábalos. La investigación sigue bajo secreto, y se esperan más avances en las próximas semanas.

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