El Gobierno de Salvador Illa ha pedido al Tribunal de Cuentas que aplique la Ley de Amnistía al procedimiento abierto por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y por la acción exterior del "procés". La Generalitat reclama además que se levanten las medidas cautelares todavía vigentes.
El escrito ha sido presentado por el Ejecutivo catalán como administración presuntamente perjudicada por el uso de fondos públicos. Sin embargo, en lugar de exigir responsabilidades económicas, el Govern solicita que queden extinguidas y que la causa termine con una resolución absolutoria.
La petición llega una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario. El Tribunal de Cuentas evitó aplicarla automáticamente y concedió diez días a las partes para presentar alegaciones antes de adoptar una decisión.
El Gobierno de Illa pide aplicar la amnistía a los gastos del 1-O y cerrar la causa del Tribunal de Cuentas
La Generalitat pide cerrar uno de los últimos procedimientos del "procés"
El Govern no ha esperado a que concluya ese plazo para fijar su posición. Defiende que la sentencia europea y la doctrina del Tribunal Constitucional obligan a aplicar la norma también en el ámbito contable.
La Generalitat reclama que el Tribunal de Cuentas dicte una resolución dentro del plazo máximo de dos meses previsto en la Ley de Amnistía. También exige dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción.
La causa analiza el presunto uso de dinero público para preparar y organizar el referéndum ilegal del 1-O. También examina los fondos destinados a promocionar internacionalmente el proyecto independentista entre 2011 y 2017.
Parte de esos gastos se habría canalizado mediante Diplocat y la red de delegaciones de la Generalitat en el extranjero. El procedimiento trata de determinar si existió responsabilidad contable por el empleo de fondos públicos durante aquellos años.
El Gobierno de Illa pide aplicar la amnistía a los gastos del 1-O y cerrar la causa del Tribunal de Cuentas
Puigdemont, Junqueras y Mas figuran en la causa
En el procedimiento aparecen más de una treintena de antiguos altos cargos. Entre ellos figuran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros de los gobiernos independentistas.
El Ejecutivo de Illa justifica su iniciativa por la necesidad de actuar con "plena coherencia" con el marco jurídico vigente. Según sostiene, la petición pretende contribuir al "cierre definitivo" de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable vinculados al desafío separatista.
La posición del Govern supone renunciar expresamente a reclamar el reintegro de las cantidades presuntamente desviadas. La Generalitat, reconocida como posible administración perjudicada, solicita que las responsabilidades económicas queden extinguidas mediante la aplicación de la norma.
La última palabra corresponde ahora al Tribunal de Cuentas. Este deberá decidir si el aval europeo a la Ley de Amnistía permite cerrar también la causa por los gastos del 1-O y la acción exterior del "procés".
