El enfrentamiento judicial entre Óscar López y el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla podría desarrollarse fuera del Tribunal Supremo. La Fiscalía de Madrid ha tomado posición a favor de que sea un juzgado ordinario el que examine la reclamación de 350.000 euros presentada contra el ministro por unas declaraciones relacionadas con la polémica de la denominada "bomba lapa".
El conflicto tiene su origen en las acusaciones que el dirigente socialista dirigió contra Bonilla después de que se difundieran unas conversaciones privadas cuya interpretación fue posteriormente cuestionada. López llegó a relacionar públicamente al antiguo mando de la Guardia Civil con supuestas fantasías sobre el asesinato de Pedro Sánchez.
Ahora, según adelanta ABC, el Ministerio Público considera que el cargo de ministro no justifica que esta controversia se resuelva directamente en el Supremo. El motivo es que las palabras denunciadas no fueron pronunciadas durante el desempeño de funciones gubernamentales, sino en intervenciones vinculadas a su actividad política.
López llegó a relacionar públicamente al antiguo mando de la Guardia Civil con supuestas fantasías sobre el asesinato de Pedro Sánchez
La fiscal María Ángeles León Palomares respalda así la postura de Bonilla, que había recurrido la decisión de remitir el asunto al alto tribunal. A su juicio, corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid tramitar la demanda.
Unas conversaciones cuestionadas y una exigencia de destitución
La polémica se desencadenó cuando El Plural publicó unos mensajes intercambiados entre Bonilla y José Luis Caramés. La noticia presentaba al excapitán como partidario de recurrir a métodos violentos e incluía referencias a una bomba lapa.
Sin embargo, The Objective reveló posteriormente que la versión difundida había prescindido de tres frases relevantes para comprender el sentido de la conversación. Aquella información puso en cuestión las acusaciones que se habían construido a partir de los mensajes.
En medio de la controversia, Óscar López convirtió el asunto en una de sus críticas públicas a Isabel Díaz Ayuso. El secretario general del PSOE de Madrid reclamó a la presidenta autonómica que destituyera a Bonilla, que trabajaba en el Servicio Madrileño de Salud.
El dirigente socialista insistió en que resultaba inadmisible que una persona con responsabilidades públicas pudiera estar, según sus palabras, "fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno".
Bonilla considera que esas afirmaciones dañaron su reputación y decidió acudir a los tribunales para reclamar una compensación económica por la presunta intromisión en su derecho al honor.
