Dos testimonios de inmigrantes han puesto en el punto de mira de la Justicia a varias organizaciones que trabajan en Ceuta. Lo que inicialmente se presenta como una actividad de asistencia humanitaria está siendo examinado por la Guardia Civil ante la posibilidad de que determinadas instalaciones fueran utilizadas para facilitar armas y sustancias prohibidas.
La investigación, según ha adelantado ABC, afecta a No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo, dos entidades vinculadas a la atención de inmigrantes en la ciudad autónoma. Las sospechas han desembocado en una operación policial con dos arrestados y otras seis personas investigadas.
El origen de una parte de las pesquisas se encuentra en las declaraciones obtenidas por el Servicio de Información de la Guardia Civil. Dos inmigrantes afirmaron que les habían proporcionado cuchillos y espráis de pimienta en espacios relacionados con las organizaciones investigadas.
Los investigadores tratan de determinar si estos objetos pudieron acabar utilizándose en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con militares. Esta posibilidad ha llevado a incluir entre los presuntos delitos investigados el de atentado contra agentes de la autoridad.
Pero las sospechas no se limitan al suministro de objetos peligrosos. La Justicia también examina una posible actividad relacionada con el almacenamiento y tráfico de drogas en los inmuebles utilizados por las entidades.
Pero las sospechas no se limitan al suministro de objetos peligrosos
El magistrado Miguel Ángel Fernández Lupiáñez, responsable de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, autorizó las entradas ante los indicios trasladados por los investigadores.
El jueves, la Guardia Civil desplegó un operativo en una nave industrial y en una planta de otro inmueble. Los agentes buscaban elementos que permitieran esclarecer las actividades desarrolladas en su interior y su posible relación con los delitos investigados.
La intervención permitió recopilar documentación y teléfonos móviles que serán sometidos a análisis. Además, los investigadores disponen de fotografías obtenidas durante las vigilancias realizadas en los alrededores de las instalaciones.
No Name Kitchen acusa a la Guardia Civil de criminalizar su actividad
No Name Kitchen ha respondido a la operación rechazando las sospechas que pesan sobre la organización. La entidad sostiene que su labor está vinculada exclusivamente a la ayuda humanitaria y a la protección de los derechos de los inmigrantes.
Según recoge EFE, la ONG asegura que durante la inspección de sus dependencias no aparecieron armas ni otros objetos ilegales. También niega haber dispuesto de material como aerosoles de pimienta o explosivos.
La organización ha cuestionado igualmente la forma en la que se desarrolló la actuación policial. En su versión de los hechos, los guardias civiles irrumpieron en las instalaciones sin comunicación previa y mantuvieron a varios de sus miembros inmovilizados durante el registro.
Mientras las entidades defienden la legalidad de sus actuaciones, la investigación judicial continúa centrada en esclarecer si existió una distribución de armas, sustancias estupefacientes u otros materiales peligrosos y quiénes podrían haber participado en ella.
