
Este es el jefe de la Armada que habla de 'ayudar' a los inmigrantes ilegales
Antonio Piñeiro lo ha dicho en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio
Este viernes, el tema de la inmigración ilegal ha vuelto a generar debate. Se debe a las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro.
Más concretamente, ha asegurado que la principal función de los buques militares es ayudar a los integrantes de los cayucos que vienen a España. En ningún caso, habría que "apartarlos".
Lo ha dicho en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio ante la pregunta de si se debería incrementar la presencia de barcos de la Armada en las aguas de Ceuta y Melilla.
"Que nadie espere que un barco de la Armada ante una situación de ese tipo vaya a proceder a apartarlos. No estamos para eso", explicó. "Jamás ante un cayuco vamos a tener otra actitud que no sea la de ayudar a la gente y rescatarla".

Sánchez destina 9,6 millones a un centro de acogida
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ser cuestionado por el uso de los fondos públicos. Los Presupuestos Generales del Estado 2024 incluyen 9,6 millones de euros. Todo para la prestación de servicios relativos a 1.470 plazas en el centro de acogida Primo de Rivera, en Alcalá de Henares.
El contrato ha sido adjudicado a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa), sociedad estatal que suele encargarse de servicios urgentes o de gran volumen. La cifra exacta asciende a 9.612.036 euros.

Lo más llamativo es la forma de adjudicación. El documento oficial señala que se ha realizado por tramitación de emergencia, un procedimiento que reduce los controles y acorta los plazos de contratación. Además, aparece marcado como exento de IVA, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia de la operación.
El contrato tiene una duración de solo cuatro meses, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025. Cuatro meses para un gasto millonario que supone más de 2,4 millones al mes en servicios vinculados al centro de acogida.
El centro Primo de Rivera en Alcalá de Henares es conocido por acoger a inmigrantes y solicitantes de asilo. Funciona como recurso temporal en el marco de la política migratoria del Gobierno. Sin embargo, la magnitud del gasto, unida al procedimiento de emergencia, ha abierto un debate político.
Desde la oposición señalan que el Ejecutivo de Sánchez recurre con demasiada frecuencia a la vía de urgencia para adjudicar contratos sensibles. En su opinión, se trata de un modo de evitar la competencia y restar transparencia.
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