La referencia del Consejo de Ministros tampoco especifica públicamente la duración del servicio, el número de efectivos que prestarán la vigilancia o la empresa encargada de ejecutarlo
El Gobierno ha declarado de emergencia la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Alcobendas, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El importe asciende exactamente a 309.209,93 euros.
La decisión figura en la referencia oficial del Consejo de Ministros celebrado el 8 de septiembre, donde La Moncloa se limita a señalar que el Ejecutivo ha tomado razón de la declaración de emergencia para prestar el servicio de vigilancia en estas instalaciones. En esa información pública no se concreta, sin embargo, qué circunstancia ha obligado a recurrir a este procedimiento excepcional.
Contrato de Emergencia para seguridad y vigilancia de los campamentos para los inmigrantes en Ceuta
La cuestión cobra especial relevancia por las características de esta modalidad de contratación. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite acudir a la tramitación de emergencia cuando la Administración debe actuar de forma inmediata ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades relacionadas con la defensa nacional. La norma permite incluso ordenar actuaciones sin tramitar previamente un expediente ordinario.
La referencia del Consejo de Ministros tampoco especifica públicamente la duración del servicio, el número de efectivos que prestarán la vigilancia o la empresa encargada de ejecutarlo.
El CAPI de Alcobendas forma parte de la estructura estatal de acogida de protección internacional y está adscrito al Ministerio de Inclusión.
Además, existen precedentes recientes de contratación ordinaria en el mismo recinto. En enero de 2026, la Dirección General de Gestión Migratoria sacó a licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria el mantenimiento integral del edificio y sus instalaciones durante doce meses, prorrogables hasta otros 36.
La declaración de emergencia para la vigilancia deja así pendiente la principal incógnita: qué necesidad sobrevenida ha llevado al Gobierno a activar ahora el mecanismo excepcional para reforzar la seguridad del centro de Alcobendas.
