El Ayuntamiento refuerza los albergues de la ciudad mientras el Gobierno "no ha estado a la altura", según Catalá
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, salió este jueves al paso de la polémica por el poblado de chabolas que se extiende en los terrenos del antiguo circuito de Fórmula 1, en el Grao, y fue tajante: la situación responde, dijo, a la "política de inmigración" del Gobierno de España.
Un desalojo que nunca existió
Catalá respondió así a las preguntas sobre la concentración convocada por la Plataforma por la Solidaridad, a la que se sumaron Compromís y el PSPV, con la excusa de un supuesto desalojo. La alcaldesa fue clara: "Ahí no hay ningún desalojo. Es decir, hay un desalojo fake. Se ha extendido un bulo y la oposición quiere hacer de un bulo algo que no es verdad". Denunció que convocar una concentración para que acuda la Policía Nacional y luego usar su presencia como prueba de un desalojo que no se produjo es "un ejercicio de hipocresía y de cinismo absoluto" por parte de la izquierda.
La responsabilidad, para el Gobierno central
Catalá fue más allá y situó el origen del problema en Madrid: "Todas las grandes ciudades estamos pagando una política de inmigración del Gobierno de España de puertas abiertas, de descontrol, y lo vamos a seguir pagando". Puso como ejemplo la crisis de Ceuta, que a su juicio anticipa lo que "va a pasar en todas las ciudades españolas", y criticó que "el presidente del Gobierno no tomó acciones y se fue de vacaciones", mientras "el Gobierno no ha estado a la altura y ha mentido a los españoles".
Recursos municipales frente al abandono estatal
Frente a esa inacción, el Ayuntamiento presume de respuesta: ha reforzado todos los albergues de la ciudad —el de Santa Cruz de Tenerife, antes solo de emergencia, abre ya los 365 días del año— y ha abierto nuevos centros de atención en Benimaclet y El Carmen, hasta sumar unas mil plazas entre propias y conveniadas. Según Catalá, el asentamiento del Grao está "absolutamente monitorizado", con visitas de Servicios Sociales dos veces por semana desde hace meses, "no ahora, porque se ha puesto de moda". Insistió en que no hay ningún menor en el poblado y que la mayoría de sus ocupantes son saharauis, argelinos y marroquíes, muchos de ellos en una situación de "indefensión jurídica" que atribuyó "por culpa del Gobierno de España".
El contraste que dibuja la alcaldesa es claro: un Ayuntamiento que trabaja con recursos reales y desde hace meses sobre un problema heredado, frente a una izquierda que, según ella, prefiere fabricar un bulo y una foto de policías antes que asumir que el origen del descontrol está en la política migratoria del propio Gobierno de Sánchez.
