EDATV El Gobierno adjudica 347.000 euros a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para alojar inmigrantes en un hotel de Barcelona durante un mes
El expediente se ampara en la llamada “Ampliación de la emergencia del 23 de abril de 2025”
Una adjudicación del Gobierno incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 ha levantado polémica. El documento, difundido recientemente, muestra un contrato por 347.200 euros otorgado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Todo para la prestación de servicios de transporte, acompañamiento social, información, traducción e interpretación. Todo ello con destino en el Hotel Checkin Gadí Calella, en la provincia de Barcelona.
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El expediente se ampara en la llamada “Ampliación de la emergencia del 23 de abril de 2025”, según el texto. Tiene una duración muy limitada: del 1 al 31 de mayo de 2025. Es decir, un solo mes.
El contrato contempla 280 plazas y figura como exento de IVA, bajo el concepto de “tramitación de emergencia”, según establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Un contrato bajo el paraguas de la emergencia
El acuerdo cita el artículo 120 de la Ley 9/2017, que permite adjudicaciones directas sin concurso público cuando existe una situación de urgencia o catástrofe. Este mecanismo, sin embargo, ha sido objeto de críticas por su opacidad y falta de control parlamentario.
La adjudicación a CEAR, organización dedicada al apoyo de personas refugiadas, se justifica por la “necesidad inmediata” de servicios para atender desplazamientos y traducciones. Pero el uso del Hotel Checkin Gadí Calella como centro de operaciones y la elevada cantidad asignada —más de 12.000 euros diarios— generan interrogantes sobre el uso eficiente del dinero público.
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Un gasto elevado y sin control público
El contrato menciona expresamente que el gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 32.03.231H.227.99, dentro del capítulo de ayudas de emergencia. Sin embargo, no aclara el reparto exacto del dinero ni la naturaleza de los servicios incluidos.
La cifra total, 347.000 euros, para un periodo de solo 31 días implica un coste medio de más de 1.200 euros diarios por plaza. Este monto, según analistas consultados, supera con creces los costes habituales de alojamiento y manutención incluso en el sector privado.
Exigen mayor control y fiscalización
Expertos en contratación pública recuerdan que los contratos de emergencia deben publicarse y auditarse a posteriori. Sin esa transparencia, no puede comprobarse si hubo sobrecoste, duplicidad de servicios o falta de competencia real.
Organizaciones civiles reclaman que el Gobierno detalle el destino exacto de esos fondos y el alcance de la participación de CEAR. Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado sobre el acuerdo ni confirmado oficialmente los términos del contrato.
Un caso más de gestión opaca
La adjudicación a CEAR para alojar refugiados en Calella se suma a una serie de contratos de emergencia con falta de publicidad y control. Mientras el Ejecutivo ampara estas decisiones bajo la urgencia, la oposición y la sociedad civil exigen transparencia, rendición de cuentas y control del gasto público.
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