El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. En sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos y apartado del cargo durante dos años. Su nombramiento supone un nuevo capítulo en la cúpula del Ministerio Fiscal, que suma cuatro fiscales generales en siete años bajo el mandato de Sánchez.
Un proceso de nombramiento marcado por la polémica
Tras la propuesta del Ejecutivo, corresponde ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de que se apruebe definitivamente su designación como jefa del Ministerio Fiscal.

Peramato, nacida en Salamanca en 1962, es actualmente Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Puesto al que accedió en febrero de 2025 de la mano de García Ortiz. Ingresó en la carrera fiscal en 1990 y previamente ejerció como letrada de la Administración de Justicia.
Su nombre se encontraba entre los favoritos para relevar a García Ortiz.
Trayectoria ligada a la UPF y apoyo firme a la ley del ‘solo sí es sí’
A lo largo de su carrera, Peramato ha estado vinculada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Asociación a la que también han pertenecido los tres últimos fiscales generales nombrados por Sánchez: Segarra, Delgado y García Ortiz.
Además, se ha mostrado como una de las defensoras más convencidas de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’. Esta norma, impulsada por Irene Montero, generó una fuerte polémica. Ya que provocó rebajas de condenas a agresores sexuales y excarcelaciones, lo que llevó al Gobierno a reformarla meses después.
En 2022, durante un evento en Madrid organizado por la Fundación Woman’s Week, Peramato calificó la ley como “muy buena”. Asegurando que ofrecía “muchísimas más posibilidades para proteger a las víctimas”. Según ella, porque situaba el consentimiento expreso en el centro de la respuesta penal.








