El fiscal general del Estado ‘pide a gritos’ que no detengan a Puigdemont

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado una ola de controversia al ordenar a los fiscales del 'procés'. Que apliquen la ley de Amnistía a todos los delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O, incluida la malversación de fondos que afecta a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Esta decisión ha avivado las tensiones en el Ministerio Público y ha planteado preguntas fundamentales sobre la interpretación y aplicación de la ley de Amnistía.

La ley de Amnistía, aprobada recientemente, tiene como objetivo principal normalizar la situación política en Cataluña tras los eventos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, su implementación ha sido objeto de debate, especialmente en relación con los delitos de malversación de fondos públicos.

Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña. Ha estado en el centro de este debate debido a su papel en el referéndum y su posterior huida a Bélgica.

La Orden del Fiscal General

El pasado viernes, García Ortiz emitió un escrito en el que defiende la aplicación de la ley de Amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont y otros líderes del 'procés'. Esta postura contrasta fuertemente con la de los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Quienes argumentan que el desvío de fondos para el referéndum no debe ser amnistiado.

García Ortiz sostiene que los argumentos de estos fiscales son "insuficientes" y que las consideraciones políticas incluidas en su informe son "intrascendentes". Además, enfatiza que levantar las medidas cautelares contra varios de los procesados es una medida "adecuada" y "necesaria" según las leyes vigentes.

Argumentos Contrapuestos

Los fiscales del Supremo han defendido que los líderes independentistas actuaron con ánimo de lucro. Además, que su conducta afectó los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que no deberían ser beneficiarios de la amnistía. En contraste, García Ortiz argumenta que el legislador claramente incluyó el desvío de fondos "limitado" al referéndum dentro del ámbito de la ley de Amnistía.

Reacción y Conflicto Interno

La orden de García Ortiz ha sido recibida con resistencia por parte de los fiscales del 'procés'. Quienes han anticipado un conflicto basado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar discrepancias significativas a la Junta de Fiscales de Sala. Esta acción podría derivar en una reunión crucial de la cúpula del Ministerio Público para decidir sobre la postura definitiva.

Los fiscales del 'procés' han declarado que si se les impone la aplicación de la amnistía a la malversación, no firmarán dicho decreto. Dejando esta responsabilidad al fiscal general o a un fiscal designado por él. Esta situación subraya las profundas divisiones dentro del Ministerio Público sobre la interpretación de la ley y la aplicación de medidas de gracia a los delitos relacionados con el 'procés'.

Implicaciones Políticas y Jurídicas

La controversia en torno a la amnistía y la orden de detención contra Puigdemont tiene importantes implicaciones políticas y jurídicas. La ley de Amnistía ha sido vista por muchos como una herramienta para facilitar la reconciliación en Cataluña, pero su implementación ha revelado las tensiones subyacentes entre diferentes órganos del Estado.

García Ortiz ha subrayado que la amnistía es esencial para la "normalización institucional, política y social" en Cataluña. No obstante, los fiscales del Supremo argumentan que la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva. Para proteger a aquellos que cometieron delitos graves contra el orden financiero del Estado y de la UE.

El futuro de la aplicación de la ley de Amnistía y la situación legal de Puigdemont y otros líderes del 'procés'. Dependerá en gran medida de las decisiones que tome la Junta de Fiscales de Sala y, finalmente, los jueces del Tribunal Supremo. Mientras tanto, la controversia sigue alimentando un debate público y político intenso sobre la justicia, la legalidad y la reconciliación en España.

García Ortiz ha insistido en que su interpretación de la ley está alineada con la voluntad del legislador y la necesidad de poner fin a las medidas cautelares. Que pesan sobre los líderes independentistas.

Sin embargo, la resistencia de los fiscales del 'procés' y el posible enfrentamiento en la Junta de Fiscales de Sala. Puede indican que el camino hacia una resolución definitiva será complejo y disputado.