¿Cometió un delito García Ortiz por publicar de los datos del novio de Ayuso?
García Ortiz ha admitido su responsabilidad en la emisión de la nota de prensa
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha testificado ante el TSJM. Que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ordenó divulgar una nota de prensa con información confidencial sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Lastra detalló que recibió esta instrucción de forma imperativa a través de mensajes de WhatsApp. Generando una gran polémica sobre la gestión y revelación de datos reservados.
El caso se centra en la filtración de datos confidenciales relativos a las negociaciones entre la Fiscalía Provincial de Madrid y Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal. El contenido de estas negociaciones fue divulgado en una nota de prensa, lo que ha provocado una investigación sobre si se cometió un delito de revelación de secretos.
Declaración de Almudena Lastra
En su declaración, Lastra señaló que la orden de difundir la información le llegó directamente de García Ortiz. A pesar de su oposición inicial, Lastra finalmente acató la instrucción debido a la insistencia del fiscal general. Según explicó, recibió dos mensajes de WhatsApp en los que García Ortiz le indicó que debía emitir la nota de prensa con carácter urgente y de forma imperativa.
Lastra también mencionó que la nota de prensa había sido consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Con la decana de Delitos Económicos, Virna Alonso Fernández. Sin embargo, ella consideró inapropiada la difusión de los datos reservados y solo procedió debido a la presión ejercida por García Ortiz.
El Delirante Escrito de García Ortiz
Paralelamente, Álvaro García Ortiz envió un escrito al TSJM en el que reconocía su responsabilidad en la emisión de la nota de prensa. Este escrito ha sido calificado como delirante por algunos expertos. Ya que García Ortiz invocó su condición de testigo para autoinculparse y solicitó que la investigación sea trasladada al Tribunal Supremo, donde está aforado.
En el documento, García Ortiz citó el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Que regula la declaración testifical del fiscal general del Estado. Esta acción ha sido interpretada como un intento de desviar la investigación hacia una instancia superior, lo que ha generado críticas y controversias.
Testimonios y Reacciones
Durante la declaración de Lastra, se destacó la tensión existente en la Fiscalía General del Estado antes de la difusión de la nota de prensa. Lastra relató que, tras la publicación de un artículo en marzo sobre el caso, recibieron múltiples llamadas de periodistas buscando confirmación. En ese momento, ella se comunicó con Pilar Rodríguez, quien le recomendó no emitir ningún comunicado hasta el día siguiente.
Sin embargo, la presión aumentó cuando Rodríguez pidió al fiscal Julián Salto que enviara los correos electrónicos intercambiados con el abogado de González Amador. Según Lastra, Salto tuvo que interrumpir un partido de fútbol para cumplir con esta solicitud urgente.
La investigación se centra en determinar si la difusión de los datos reservados constituye un delito de revelación de secretos, tipificado en los artículos 417 y 197 del Código Penal. Estos artículos penalizan la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos y el acceso. Apoderamiento, utilización y difusión de datos personales en perjuicio de su titular.
García Ortiz ha admitido su responsabilidad en la emisión de la nota de prensa. Lo que podría llevar a que el caso sea trasladado al Tribunal Supremo. Este reconocimiento ha generado un debate sobre la legalidad de sus acciones y las posibles implicaciones para su cargo como fiscal general del Estado.
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