¿Quién es la fiscal que señaló a García Ortiz?

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declaró ante el magistrado Francisco José Goyena, quien instruye la querella de Alberto González Amador.  El novio de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales.

Lastra afirmó haber recibido una orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esto, con la finalidad de difundir una nota aclaratoria sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal. 

Esto, relacionado con un presunto fraude fiscal, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. 

Lastra detalló que inicialmente se negó a difundir la nota debido a su incompatibilidad con el deber de confidencialidad. Sin embargo, acató la orden en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal. El que establece que: 

"El Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones. Tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".

La Justicia lo atribuye a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. También al fiscal Julián Salto. Esto, por el delito de revelación de secretos por la nota aclaratoria difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el cruce de correos.

García Ortiz ya asumió la responsabilidad de la difusión de la nota aclaratoria. Y solicitó que la causa sea enviada al Tribunal Supremo, competente para la investigación. Por ahora, el magistrado ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre el escrito.

El magistrado investiga, a instancias de Alberto González, todo lo que ha sucedido. Y "quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa. Y el máximo responsable de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado".

¿Cometió un delito García Ortiz por publicar de los datos del novio de Ayuso?

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha testificado ante el TSJM. Que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ordenó divulgar una nota de prensa con información confidencial sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Lastra detalló que recibió esta instrucción de forma imperativa a través de mensajes de WhatsApp. Generando una gran polémica sobre la gestión y revelación de datos reservados.

El caso se centra en la filtración de datos confidenciales relativos a las negociaciones entre la Fiscalía Provincial de Madrid y Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal. El contenido de estas negociaciones fue divulgado en una nota de prensa, lo que ha provocado una investigación sobre si se cometió un delito de revelación de secretos.

Declaración de Almudena Lastra

En su declaración, Lastra señaló que la orden de difundir la información le llegó directamente de García Ortiz. A pesar de su oposición inicial, Lastra finalmente acató la instrucción debido a la insistencia del fiscal general. Según explicó, recibió dos mensajes de WhatsApp en los que García Ortiz le indicó que debía emitir la nota de prensa con carácter urgente y de forma imperativa.

Lastra también mencionó que la nota de prensa había sido consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Con la decana de Delitos Económicos, Virna Alonso Fernández. Sin embargo, ella consideró inapropiada la difusión de los datos reservados y solo procedió debido a la presión ejercida por García Ortiz.

El Delirante Escrito de García Ortiz

Paralelamente, Álvaro García Ortiz envió un escrito al TSJM en el que reconocía su responsabilidad en la emisión de la nota de prensa. Este escrito ha sido calificado como delirante por algunos expertos. Ya que García Ortiz invocó su condición de testigo para autoinculparse y solicitó que la investigación sea trasladada al Tribunal Supremo, donde está aforado.

En el documento, García Ortiz citó el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Que regula la declaración testifical del fiscal general del Estado. Esta acción ha sido interpretada como un intento de desviar la investigación hacia una instancia superior, lo que ha generado críticas y controversias.