Jesús Ros hoy sigue en la cúpula del PSOE valenciano ocupa un puesto en la Ejecutiva de la ministra Diana Morant
El Ayuntamiento de Torrent, bajo el gobierno socialista de Jesús Ros, entregó más de 70.000 euros en subvenciones. Todo para una fundación creada por José Luis Ábalos. La entidad, llamada Fiadelso, envió esos fondos a Perú y Colombia.
Entre los proyectos financiados figuran obras de alcantarillado y centros educativos. El caso más destacado es la ciudad peruana de Chimbote. Allí, Ábalos compró una vivienda en 1998, valorada en 1,2 millones de euros.
Solo en Chimbote, Torrent pagó más de 20.000 euros. En algunos proyectos, su aportación alcanzó hasta el 40 % del total.
Las ayudas se aprobaron entre 1996 y 2005. Fueron al menos 40 pagos, y algunas de hasta 28.000 euros. Todas contaron con la firma del entonces alcalde Jesús Ros.
Así lo cuenta el diario El Debate y la Cadena Cope.
Fiadelso fue creada por Ábalos en 1992. Ya está disuelta, pero durante años canalizó fondos públicos desde municipios gobernados por el PSOE. Torrent, su localidad natal, fue uno de los más generosos.
Además de las subvenciones directas, en 2005 se firmó una ayuda de casi 5.000 euros a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, también “en nombre de Torrent”.
Jesús Ros hoy sigue en la cúpula del PSOE valenciano. Ocupa un puesto en la Ejecutiva de la ministra Diana Morant.
La actual alcaldesa, Amparo Folgado (PP), ha exigido explicaciones. Ha cuestionado las reiteradas visitas de Ábalos al consistorio durante su etapa como ministro.
El caso se suma a las revelaciones de la UCO. Según los investigadores, la ONG Fiadelso habría recibido pagos gestionados por el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y la propia hija de Ábalos. Algunas empresas habrían realizado transferencias directas.
El abogado Martín Zudaire representa a Antxon Alonso, uno de los empresarios imputados en la trama de mordidas investigada por la Guardia Civil. Pero no es solo su defensor.
También es una figura histórica del PNV en Navarra. Fue candidato en los años 80 y mantiene fuertes vínculos con el entorno nacionalista vasco.
Zudaire no es un nombre nuevo en la política. En 1983 se presentó por el PNV a las municipales de Pamplona y como suplente al Parlamento de Navarra.
Más tarde fundó el despacho Zubiri & Zudaire, desde donde ha llevado causas sensibles. Entre ellas, la defensa del exconsejero Manu Ayerdi, de Geroa Bai, por prevaricación y malversación. Logró el archivo por un error procesal.
Pero lo más llamativo es su papel en la empresa pública Nasuvinsa. Esta entidad, dependiente del Gobierno navarro, contrató a su despacho en varias ocasiones. Entre 2020 y 2023, Zudaire facturó allí más de 50.000 euros en informes.
Al mismo tiempo, Nasuvinsa adjudicó a la firma de Alonso y Cerdán —Servinabar, en unión con Acciona— dos promociones de vivienda protegida. Una en 2018, bajo el gobierno de Uxue Barkos, por 6,8 millones. Otra en 2023, con María Chivite, por 7,8 millones.
En total, 14,6 millones en contratos públicos.
Zudaire también estuvo presente en los registros de la UCO el pasado 10 de junio. Acompañó a Alonso durante el operativo en la sede de Servinabar y en su domicilio. Aunque no acudió a su declaración ante el Supremo, sí lo hizo otra abogada de su firma.
La conexión entre Zudaire, el PNV y los contratos de Servinabar ha levantado sospechas. Su nombre vuelve a sonar en medio de una investigación que afecta a varias ramas políticas.
