Se debe a un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones
Se trata de Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT de Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla lo ha condenado a tres años de prisión. También a pagar una multa de 50 millones de euros.
Así lo ha confirmado The Objective, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones.
Según el medio, hace referencia al uso "de forma consciente y fraudulenta" de los fondos proporcionados por la Junta de Andalucía. Ascendieron a un total de 40.620.256,43 euros y estaban destinados a programas de formación para personas en situación de desempleo y trabajadores en activo.
Dichos recursos fueron redirigidos hacia "fines distintos" a los establecidos originalmente, siendo empleados por UGT-A para cubrir actividades propias del sindicato, "ajenas al fin social para el que las recibieron".
La sentencia aplica en los delitos mencionados la atenuante de dilaciones indebidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impone a Fernández la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas. También el disfrute de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un periodo de cuatro años y seis meses.
Estas mismas condenas también han caído a otros excargos. En primer lugar, el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda.
También María Charpín, exsecretaria de gestión económica del sindicato. Enrique Goicoechea, entonces consejero delegado de la entidad Soralpe.
También Dolores Sánchez, la que fue responsable del departamento de Compras de UGT-A, aunque a esta última se le impone una condena de seis meses y dos días de prisión. Junto con una multa de 25 millones de euros.
Además de la inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas públicas. También la prohibición de acceder a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de un año y medio.
En materia de responsabilidad civil, el tribunal ordena a los cinco exdirigentes del sindicato indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Junta de Andalucía con la suma de 40.620.256,43 euros. De esta cantidad, los cuatro condenados como autores de los delitos deberán asumir el 99 %.
La condenada como cómplice será responsable del 1 %, aunque de forma subsidiaria con los autores hasta un máximo de 4.288.707,74 euros. Este monto equivale al total presuntamente defraudado, declarando además a UGT-A como responsable civil subsidiaria por la totalidad de la cuantía.
