La investigación judicial dirigida por el magistrado Santiago Pedraz ha dado un nuevo paso este martes con un registro de la UCO en las oficinas de Tubos Reunidos, situadas en Bilbao. Los agentes se han llevado diversa documentación y material electrónico, entre ellos correos, archivos internos y dispositivos informáticos, en busca de pruebas relacionadas con la causa.
El procedimiento permanece bajo secreto y gira en torno a una supuesta trama de manipulación de contratos de obra pública en la que estarían implicados el entorno de Leire Díez y el exresponsable de la SEPI Vicente Fernández.
La investigación de la UCO sitúa bajo el foco a un supuesto entramado conocido internamente como Hirurok, integrado presuntamente por los dos principales investigados y por Antxon Alonso, vinculado empresarialmente a Santos Cerdán. Los agentes sospechan que este grupo habría aprovechado sus conexiones dentro de la Administración para influir en expedientes públicos y obtener resoluciones favorables tanto para ellos mismos como para terceros.
De acuerdo con las diligencias, los investigadores han identificado al menos cinco operaciones en las que, supuestamente, intervinieron distintos responsables públicos y organismos estatales para beneficiar determinados intereses. Parte de esas actuaciones habrían afectado a sociedades públicas y entidades dependientes de la SEPI, organismo que estuvo dirigido por Vicente Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
En el marco de estas pesquisas, la Guardia Civil realizó también actuaciones en la sede de la SEPI, donde solicitó diversa información y documentación relacionada con la causa.
