El juez se ha sustentado en el informe de la UCO y ahora el silencio de ambos podría cambiar
La decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional a Santos Cerdán ha hecho saltar todas las alarmas. Especialmente entre los principales implicados del caso: José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
El golpe ha sido claro. El Tribunal Supremo lanza así un mensaje firme: las pruebas son sólidas y nadie está a salvo.
Hasta ahora, tanto Koldo como Ábalos habían optado por el silencio, una defensa pasiva. Sin reconocer, sin colaborar, sin ceder. Pero la entrada en la cárcel del exsecretario de Organización del PSOE lo ha cambiado todo.
Ya no es solo una investigación. Ahora hay una advertencia real. Y eso ha alterado el tablero.
Cerdán compareció con la intención de defenderse. Negó haber cobrado comisiones. Negó conocer a Víctor de Aldama, el empresario que afirma haberle pagado 15.000 euros.
Aseguró que solo ha trabajado por "gobiernos progresistas". Incluso pidió que su declaración se retransmitiera por streaming a toda España. Pero nada de eso le libró del auto de prisión.
El juez fue tajante. Dio total validez a las grabaciones, avaló el trabajo de la UCO y despreció los argumentos de Cerdán.
No solo rechazó su versión, también calificó de ofensiva la insinuación de que la investigación obedece a motivos políticos.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue aún más duro. Dijo que sus explicaciones eran "pobres, sesgadas y victimistas".
Este giro ha hecho tambalear la defensa de los otros dos nombres clave. Para las fuentes jurídicas, Koldo y Ábalos ya no pueden mantenerse callados. Lo que antes era una estrategia prudente, ahora es una vía directa al banquillo.
Las pruebas, según el fiscal, ya permiten redactar una acusación formal. Y eso cambia todas las prioridades.
De hecho, ya hubo contactos entre el abogado de Ábalos y Anticorrupción. En su día se barajó colaborar y se habló de aclarar algunos puntos. Pero tras una reunión con Koldo, el exministro dio marcha atrás.
Hoy, esa decisión puede costarle cara.
Entre los investigadores crece la idea de que alguien tiene que romper. Y que quien lo haga primero podría obtener beneficios.
Si uno de los dos da el paso, el otro quedaría en una posición muy comprometida. El tiempo juega en su contra.
Además, el juez Puente no descarta que haya más implicados. Ni personas físicas ni jurídicas están fuera del radar. Y advierte: los pagos detectados pueden ser solo la punta del iceberg.
El cálculo teórico que maneja es demoledor. Si solo cobraron el 1% de las obras bajo sospecha, la trama podría haber recaudado cinco millones de euros.
Con Santos Cerdán ya entre rejas, el caso da un salto cualitativo. Y los silencios, a partir de ahora, pueden costar mucho más que unas palabras.
