El dineral que destina el Gobierno en trasladar a 19.000 inmigrantes ilegales a la Península

La inmigración ilegal sigue siendo una prioridad para el Gobierno y una preocupación para la ciudadanía. El Gobierno ha invertido al menos 6,1 millones de euros en el traslado aéreo de más de 19.000 inmigrantes ilegales. Todos desde Canarias y otros puntos de llegada hasta la Península en un periodo de nueve meses.

Así lo confirma Vozpópuli. Durante los tres primeros meses de 2024 se concentró el mayor volumen de gasto. En ese periodo, el Gobierno dio luz verde a casi tres millones de euros para financiar vuelos destinados al traslado de 9.240 inmigrantes.

La adjudicación recayó en la ONG Accem y se cubrió con fondos de los Presupuestos Generales del Estado. Para ello se recurrió al procedimiento de emergencia contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público. Es una vía excepcional diseñada para circunstancias imprevistas que, en el contexto de la actual crisis migratoria, ha pasado a utilizarse de forma recurrente.

Se trata de una información que llega en un momento en el que la inmigración ilegal está en boca de todos. Con la nueva propuesta del PSOE y Podemos, los inmigrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en España podrán ser regularizados sin vínculo laboral. Se trata de una medida que podría traer repercusiones en España.

Se plantea esto mediante un Real Decreto, es decir, saltándose el Congreso. Y es que el Gobierno no tiene derecho legal para tomar solo esta decisión sobre inmigración masiva, según recuerdan en redes. Y es que es un tema que le corresponde al Congreso según la Constitución y la ley española.

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, anunció el lunes un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten al menos cinco meses de residencia en España. La medida avanzará este martes, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al inicio de la tramitación de un real decreto.

La medida permitirá obtener la residencia a todas las personas que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar un mínimo de cinco meses de residencia.

La acreditación podrá realizarse mediante el empadronamiento o a través de otros documentos, como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o de alquiler, o incluso un certificado de envío de dinero. Este tipo de alternativas ha sido muy solicitado por las organizaciones sociales, que señalan las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en situación irregular para acceder al padrón.