El derroche de Pedro Sánchez arruina España: gasto récord y más impuestos

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el gasto público ha crecido a un ritmo alarmante. El desembolso del Estado ha aumentado en 200.000 millones de euros, pasando de 480.000 millones en 2017 a 680.000 millones en 2023.

Esta cifra supone un incremento del 41 %, un crecimiento sin precedentes que ha disparado la deuda y ha obligado a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Para sostener este gasto desorbitado, el Gobierno ha recurrido a una subida masiva de impuestos. En 2017, la recaudación fiscal ascendía a 444.000 millones de euros, mientras que en 2023 alcanzó los 628.000 millones, un incremento de 184.000 millones.

Este aumento, también del 41 %, no se ha traducido en mejoras significativas  en infraestructuras o servicios públicos. Algo que genera un creciente malestar entre la población.

Los ingresos de los ciudadanos no crecen al mismo ritmo

Mientras el gasto público y los impuestos se disparan, los ingresos de los ciudadanos han crecido a un ritmo mucho menor.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en España ha pasado de 23.647 euros en 2017 a 26.949 euros en 2022, lo que supone un incremento del 14 %.

A esto se suma una subida estimada del 4 % en 2023, lo que eleva el crecimiento total al 18 %. Muy por debajo del 41 % de incremento en la presión fiscal.

Este desajuste ha generado una situación de asfixia económica para muchas familias, que ven cómo sus ingresos no son suficientes para hacer frente a la creciente carga impositiva.

A pesar de las promesas de progreso de Sánchez, el nivel de vida de los ciudadanos no ha mejorado en la misma medida que el gasto del Gobierno.

Una política de gasto sin resultados tangibles

A pesar de este descomunal aumento del gasto, los resultados en inversión pública brillan por su ausencia. En casi siete años de Gobierno, no se ha iniciado ninguna obra pública de gran relevancia.

Al contrario, los problemas en infraestructuras se han multiplicado, con casos como los fallos ferroviarios en Extremadura y Cantabria, o la crisis permanente en las Cercanías de las principales ciudades.

Además, la seguridad también se ha visto afectada por esta política de gasto sin rumbo. La Policía y la Guardia Civil siguen trabajando con materiales obsoletos, mientras que la inversión en defensa nacional ha quedado relegada a un segundo plano.

A pesar de las reiteradas promesas de construcción de viviendas, no se han materializado proyectos significativos en este sector.

Previsiones alarmantes para 2024 y 2025

Las perspectivas para los próximos años no son alentadoras. Con los datos consolidados hasta septiembre de 2023, el gasto público ya superaba el total de 2017 y se acercaba al de 2018.

Para finales de 2024, se estima que el desembolso superará ampliamente los 700.000 millones de euros, y de continuar esta tendencia, en 2025 se podría alcanzar los tres cuartos de billón.

Esta política de despilfarro sin control pone en jaque la sostenibilidad de las cuentas públicas y amenaza con hipotecar el futuro de los ciudadanos.

Mientras el Gobierno sigue incrementando el gasto y los impuestos, el país se enfrenta a una falta de inversiones clave y a un estancamiento económico.