
Delegación del Gobierno vela por la 'seguridad' de los menas en el centro de Hortaleza
En cuatro meses se han prohibido dos protestas contra el centro que atemoriza a los vecinos de la zona
El centro de menas de Hortaleza ha sido blindado por la Delegación del Gobierno frente a manifestaciones. En los últimos cuatro meses, ha prohibido dos concentraciones en sus inmediaciones. La última tuvo lugar este martes y había sido convocada por Vox, y tan solo era una declaración ante los medios de comunicación.
La protesta surgía tras el repunte de inseguridad en la zona. Vecinos denunciaron preocupación por hechos recientes, incluyendo la violación de una niña de 14 años atribuida a un menor del centro. Sin embargo, la Delegación ha centrado su decisión en proteger a los menores inmigrantes y no en la seguridad de los vecinos.

El Ejecutivo alegó que "los informes policiales recabados advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio". Asimismo, destacó los incidentes ocurridos el pasado domingo, cuando dos individuos encapuchados agredieron a varios menores no acompañados cerca del centro.
La institución sostiene que su prioridad es "proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor".
Además, la Delegación argumentó que el lugar elegido para la manifestación:
"Vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia". Según el Ejecutivo, la medida busca priorizar la protección de los menores residentes y tutelados en el centro.
El área del Gobierno recordó que "el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables". Añadió que la legislación permite prohibir una manifestación. Siempre que existan indicios de que pueda constituir un delito o generar alteraciones del orden público, con riesgo para personas o bienes.
La decisión ha generado críticas y comentarios políticos. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que "cada uno se manifiesta por lo que considera oportuno". Así respondía respecto a la protesta de Vox.

Vecinos del barrio aseguran sentirse desprotegidos. Reclaman medidas de seguridad en su entorno, mientras ven cómo se prioriza la protección de los menores del centro frente a sus preocupaciones. La prohibición de las manifestaciones genera tensión en la comunidad.
Activistas y políticos han debatido sobre el equilibrio entre derechos. Por un lado, está la protección de los menores inmigrantes, considerados un colectivo vulnerable. Por otro, la seguridad y tranquilidad de los residentes locales, que se sienten afectados por incidentes de violencia recientes.
El caso de Hortaleza refleja la complejidad de la gestión de centros de menores. La Delegación del Gobierno subraya su compromiso con los derechos de la infancia. Sin embargo, para muchos vecinos, esta protección parece dejar de lado la seguridad de quienes viven cerca.
Las prohibiciones se mantendrán mientras persistan los riesgos, pero de nuevo, para los menores inmigrantes. Mientras, los vecinos siguen padeciendo las consecuencias de tener un centro de menas en sus barrios.
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