El Tribunal Constitucional está revisando la solicitud parcial del recurso presentado por Carmen Martínez Aguayo. Considera también la posibilidad de anular el cargo por malversación en el caso de los ERE fraudulentos.
En su próxima sesión plenaria del 2 de julio, se debatirá la petición de la exconsejera de Hacienda y estrecha colaboradora de José Antonio Griñán.
La ponencia a cargo de Inmaculada Montalbán indica una revisión parcial, siguiendo el precedente establecido con Magdalena Álvarez y el delito de prevaricación. Ambas defensas argumentan que la elaboración de presupuestos no puede constituir un delito.
Esto contradice la narrativa legal previa del caso ERE que se basa en la investigación inicial, la sentencia de la Audiencia de Sevilla y su confirmación posterior por el Tribunal Supremo.
Si la postura de Montalbán avanza, Carmen Martínez Aguayo podría ver reconsiderada su condena de 6 años de prisión. Recordemos que por los delitos de prevaricación y malversación.
El documento argumenta que la extitular de Hacienda habría visto vulnerado su derecho constitucional a la legalidad penal. Se encuentra protegido en el artículo 25 de la Constitución.
