En su próxima sesión plenaria del 2 de julio, se debatirá la petición de la exconsejera de Hacienda
El Tribunal Constitucional está revisando la solicitud parcial del recurso presentado por Carmen Martínez Aguayo. Considera también la posibilidad de anular el cargo por malversación en el caso de los ERE fraudulentos.
En su próxima sesión plenaria del 2 de julio, se debatirá la petición de la exconsejera de Hacienda y estrecha colaboradora de José Antonio Griñán.
La ponencia a cargo de Inmaculada Montalbán indica una revisión parcial, siguiendo el precedente establecido con Magdalena Álvarez y el delito de prevaricación. Ambas defensas argumentan que la elaboración de presupuestos no puede constituir un delito.
Esto contradice la narrativa legal previa del caso ERE que se basa en la investigación inicial, la sentencia de la Audiencia de Sevilla y su confirmación posterior por el Tribunal Supremo.
Si la postura de Montalbán avanza, Carmen Martínez Aguayo podría ver reconsiderada su condena de 6 años de prisión. Recordemos que por los delitos de prevaricación y malversación.
El documento argumenta que la extitular de Hacienda habría visto vulnerado su derecho constitucional a la legalidad penal. Se encuentra protegido en el artículo 25 de la Constitución.
En cuanto a la prevaricación, la postura de Montalbán es similar a la adoptada previamente con Álvarez. Esto es al aceptar parcialmente el recurso en relación con la elaboración de los presupuestos autonómicos entre 2005 y 2009. También las modificaciones presupuestarias relacionadas con la partida 3.1.L.
En este contexto, el Tribunal Constitucional está solicitando a la Audiencia de Sevilla que reconsidere la sentencia por prevaricación contra Martínez Aguayo. Lo hace limitándose únicamente a una modificación presupuestaria aprobada en 2004. Afectaba a una partida presupuestaria diferente de aquella que gestionaba las ayudas sociolaborales.
La revocación de la condena por malversación tendría un impacto inmediato para Martínez Aguayo, una de las ex altos cargos sentenciada a penas de prisión. La exconsejera de Hacienda, quien es médico de profesión, ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra a finales de 2022. Sin embargo, recientemente ha obtenido el tercer grado después de cumplir una parte de su condena.
Esta decisión del Tribunal Constitucional tendría también un impacto directo en la situación de José Antonio Griñán. Fue condenado por prevaricación y malversación a una pena de 6 años de prisión.
El Constitucional permite abortar a las menores de 16 y 17 sin consentimiento paterno
El TC 'indulta' la prevaricación de Magdalena Álvarez de los ERE de Andalucía
El expresidente no llegó a ingresar en la cárcel debido a un cáncer de difícil tratamiento que se le diagnosticó. Tras una suspensión temporal, la Audiencia de Sevilla permitió que el ex dirigente del PSOE continuara su tratamiento fuera de la prisión.
