EDATV El Constitucional permite abortar a las menores de 16 y 17 sin consentimiento paterno
Vox argumentó que la ley vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad
El Tribunal Constitucional (TC) discutió hoy el recurso presentado por Vox contra la reforma de la ley del aborto. El presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, había pospuesto previamente la deliberación para evitar interferencias durante las elecciones europeas del 9 de junio.
Finalmente, el Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el partido de Santiago Abascal, que impugnaba la ley 1/2023 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Vox argumentó que la ley vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad. También los derechos a la vida, la igualdad y la libertad ideológica. Los magistrados Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Tolosa Tribiño y la magistrada Espejel Jorquera han anunciado que emitirán un voto particular sobre este caso.
En febrero de 2023 se aprobó una ley que introdujo cambios significativos en la regulación del aborto | Europa Press
En febrero de 2023 se aprobó una ley que introdujo cambios significativos en la regulación del aborto. Esta ley eliminó la obligación de obtener el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años. Estableció que los servicios públicos fueran la principal referencia para la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, suprimió la información que previamente se proporcionaba a las mujeres que consideraban abortar, que antes estaba centrada en opciones de apoyo a la maternidad.
También eliminó el requisito de un período obligatorio de reflexión de tres días | Europa Press
Otra de las modificaciones importantes es la creación de comités clínicos integrados por médicos. Son los responsables de decidir sobre la interrupción del embarazo después de las 22 semanas de gestación.
Según la ley, los profesionales objetores de conciencia que estén registrados como tales no pueden participar en estos comités. También se incluyen los que lo hayan estado en los últimos 3 años.
Además, los profesionales sanitarios que estén involucrados en la práctica de interrumpir embarazos y que se nieguen por razones de conciencia deben declarar su decisión por escrito y con anticipación. Sin embargo, la normativa establece que esta objeción de conciencia no puede afectar el derecho humano a la vida. Tampoco la salud y la libertad de las mujeres que elijan interrumpir su embarazo.
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