La investigación sobre las operaciones económicas vinculadas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero afrontará después del verano una nueva ronda de diligencias. Según publica El Debate, el juez José Luis Calama dejará para septiembre la organización de las próximas comparecencias, entre las que tendrán especial relevancia las de Alba y Laura, las dos hijas del expresidente.
El interés por escuchar a ambas surge tras el interrogatorio de Julio Martínez Martínez. El empresario habría asegurado ante el instructor que durante varios años realizó pagos de 5.000 euros mensuales a las hijas de Zapatero a cambio de trabajos relacionados con la maquetación de documentación para la sociedad Análisis Relevante.
Será ahora la investigación la que deberá esclarecer qué servicios se prestaron realmente y si las cantidades abonadas guardaban relación con esos trabajos. En este punto, las pesquisas también alcanzan a Whathefav, la agencia propiedad de Alba y Laura.
En este punto, las pesquisas también alcanzan a Whathefav, la agencia propiedad de Alba y Laura
Esta sociedad ya había aparecido en la documentación elaborada por la UDEF. Los investigadores reflejaron que el expresidente socialista tenía capacidad de firma en cuentas vinculadas a la empresa y apuntaron como hipótesis que la compañía pudiera haber sido utilizada para recibir o mover fondos procedentes de las operaciones que se investigan. Este extremo, no obstante, continúa sujeto a las comprobaciones judiciales.
El calendario que Calama deberá concretar en septiembre podría ampliarse además con nuevos nombres. Las acusaciones populares quieren que la instrucción profundice en el proceso que desembocó en el rescate público de Plus Ultra y han solicitado nuevas pruebas después de la declaración de Martínez.
El calendario que Calama deberá concretar en septiembre podría ampliarse además con nuevos nombres
Entre las comparecencias reclamadas se encuentran las de Pedro Saura, que ejerció como secretario de Estado de Transportes, y José Luis Escrivá, exministro de Inclusión y Seguridad Social. También se pretende recabar el testimonio de quienes integraban la dirección de la SEPI cuando se concedió la ayuda a la aerolínea y de los técnicos que participaron en la evaluación del expediente.
Las diligencias que se practiquen tras el verano podrían resultar determinantes para los siguientes pasos de la causa. Una vez avance esta nueva fase, las partes podrán valorar si procede plantear algún tipo de medida cautelar contra los principales investigados, una posibilidad que hasta ahora no habría sido abordada formalmente.
