La directora de Programas de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, actualmente investigada en el caso Begoña, no tenía atribuidas funciones como asistente personal de Begoña Gómez. Su cargo, adscrito directamente al gabinete de Pedro Sánchez, no contempla labores de esa índole, según se desprende de un escrito remitido por Moncloa al juez Juan Carlos Peinado.
En respuesta a la solicitud del magistrado sobre las funciones de Álvarez, la Presidencia del Gobierno ha señalado que:
Los puestos de trabajo en la Administración General del Estado no tienen normativamente funciones asociadas de forma directa.
Además, detalla que las tareas que desempeña la funcionaria "son las propias del centro directivo y la unidad a la que se adscribe el puesto de trabajo". Esto, en línea con lo establecido en el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, que regula la estructura de la Presidencia del Gobierno.
Según este decreto, las funciones del puesto incluyen proporcionar información y asesoramiento al presidente, coordinar políticas gubernamentales y analizar programas de la Unión Europea. También facilitar la cooperación con comunidades autónomas y gestionar la comunicación con la ciudadanía. Asimismo, contempla el asesoramiento en seguridad nacional y otros asuntos que el presidente le encomiende.
Sin embargo, ninguna de estas responsabilidades parece ajustarse al rol que Cristina Álvarez ha desempeñado en la práctica. Cuando más bien ha actuado como secretaria personal de Begoña Gómez, tanto en su agenda pública como privada. Esta situación refuerza las dudas sobre la legalidad de sus funciones dentro del gabinete de Pedro Sánchez.
Así fue creciendo el salario de la asesora de Begoña Gómez año tras año
Cristina Álvarez percibió hasta 300.000 euros desde 2018 como asesora de Begoña Gómez.
