El Tribunal Supremo ha acogido este lunes las declaraciones de dos empresarios vinculados al conocido como ‘caso Cerdán’, una investigación sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, ha admitido ante el magistrado Leopoldo Puente que para optar a ciertos contratos públicos en Navarra era “condición necesaria” asociarse con empresas locales, como Servinabar 2000. Una empresa administrada por Antxón Alonso, amigo cercano de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Esta revelación refuerza las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un entramado de corrupción que habría operado desde Navarra hasta el Ministerio de Transportes.
Merino, que fue despedido por Acciona en 2021, explicó que concurrir en Unión Temporal de Empresas (UTE) con firmas navarras era imprescindible para acceder a licitaciones públicas en la región. La UCO señala a Acciona como el “denominador común” en varios contratos bajo investigación que suman más de 540 millones de euros.
Entre ellos destacan el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158 millones), el tramo del AVE Murcia-Almería (121 millones) y una obra en San Feliu de Llobregat (51 millones). Según los investigadores, al menos dos de estos contratos habrían generado pagos de 550.000 euros al exministro José Luis Ábalos, relacionados con Acciona.
