La confesión del socio de Cerdán que desmonta su estrategia

El Tribunal Supremo ha acogido este lunes las declaraciones de dos empresarios vinculados al conocido como ‘caso Cerdán’, una investigación sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas.

Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, ha admitido ante el magistrado Leopoldo Puente que para optar a ciertos contratos públicos en Navarra era “condición necesaria” asociarse con empresas locales, como Servinabar 2000. Una empresa administrada por Antxón Alonso, amigo cercano de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Esta revelación refuerza las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un entramado de corrupción que habría operado desde Navarra hasta el Ministerio de Transportes.

 

Merino, que fue despedido por Acciona en 2021, explicó que concurrir en Unión Temporal de Empresas (UTE) con firmas navarras era imprescindible para acceder a licitaciones públicas en la región. La UCO señala a Acciona como el “denominador común” en varios contratos bajo investigación que suman más de 540 millones de euros.

Entre ellos destacan el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158 millones), el tramo del AVE Murcia-Almería (121 millones) y una obra en San Feliu de Llobregat (51 millones). Según los investigadores, al menos dos de estos contratos habrían generado pagos de 550.000 euros al exministro José Luis Ábalos, relacionados con Acciona.

Antxón Alonso, administrador de Servinabar, también compareció ante el Supremo. La UCO encontró en su domicilio un contrato privado de 2016 que otorgaba a Cerdán el 45% de las participaciones de Servinabar. Aunque él asegura que nunca se formalizó.

Los investigadores creen que esta empresa, con poca experiencia en construcción, fue clave para canalizar beneficios en la trama. Cerdán, que está en prisión provisional, habría utilizado su influencia para favorecer adjudicaciones a cambio de comisiones.

La investigación apunta a que la trama comenzó en Navarra en 2015, con proyectos como la explotación minera de potasa en Sangüesa. Y que se expandió cuando Ábalos asumió el Ministerio de Transportes en 2018, con Koldo García como asesor.

El juez Puente considera que Cerdán tenía un rol “preeminente” en la red, distribuyendo los beneficios ilícitos. La UCO estima que las mordidas podrían superar los 5 millones de euros.

Acciona, que ha roto contratos con Servinabar, está bajo escrutinio. El Supremo analiza si la constructora debe ser imputada como persona jurídica.

Las declaraciones de Merino y Alonso son un paso más en una investigación que sacude al PSOE y  pone en cuestión la transparencia en la adjudicación de obra pública.