El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha informado sobre un incidente de seguridad ocurrido en sus instalaciones la semana pasada. Informaron sobre la sustracción de material de la institución. Durante la misma semana en que se produjo el ciberataque denunciado por los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se han sustraído tres ordenadores. Todos estos, pertenecientes a los departamentos de Servicios Jurídicos y de Comunicación y Políticas Públicas, así como dos equipos fotográficos. Los Servicios Jurídicos del ICAM presentaron una denuncia ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía el lunes.
Este incidente no solo ha ocasionado una pérdida material, sino que también ha afectado al ambiente de confianza y seguridad que la institución se esfuerza por mantener. Afortunadamente, los equipos informáticos sustraídos, debido a su antigüedad, ya se consideraban como material de reserva y apoyo, por lo que no ha habido una brecha de seguridad en los datos.
Recientemente, el ICAM presentó una querella por el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid. Este fue conocido como "nota aclarativa", en el que se filtró la negociación entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso sobre un posible pacto de conformidad que finalmente no se llevó a cabo. El líder de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, criticó este acto como un atentado al secreto profesional y lo calificó como delito de revelación de secretos. El 20 de marzo, Eugenio Ribón, decano del ICAM, siguiendo el acuerdo de la Junta de Gobierno, presentó una denuncia doble por este caso.
El 'hackeo' de los ordenadores
El reciente robo sufrido por los abogados madrileños se suma al hackeo denunciado por el representante legal de Alberto González. En los juzgados de guardia de la Plaza de Castilla de Madrid, el abogado informó haber sido víctima de un ciberataque. Según él, con la intención de acceder a los correos electrónicos intercambiados con su cliente. Este ciberataque tuvo lugar la tarde del martes 2 de abril. Y apuntaba específicamente a los ordenadores del abogado penalista y del asesor fiscalista encargados de la defensa penal y la asesoría fiscal del empresario.
Según un perito informático, el método utilizado para ingresar a los servidores es altamente sofisticado. Por tanto, sugiere que, según la denuncia, que se trata de un ataque que solo estaría al alcance de gobiernos y sus fuerzas de seguridad. Un hacker común no tendría la capacidad de violar los sistemas de seguridad de estos equipos informáticos.
La denuncia presentada ante el juzgado de guardia detalla que los abogados penalista y asesor fiscalista de Alberto González, utilizan los servicios de Microsoft como proveedor para el intercambio de información y documentación.
Según los denunciantes, estos hechos constituyen, al menos, un delito de revelación de secretos, tipificado y castigado en el Código Penal. Lo que afecta los derechos fundamentales de Alberto González, incluyendo su derecho a la intimidad, la protección de datos personales y el derecho a la defensa.
