La consejera María Pardo rechaza la propuesta ministerial y vota contra la reforma de las ratios al considerar que faltan recursos económicos y garantías legales
La Junta de Castilla y León ha manifestado este viernes su desacuerdo con dos de las iniciativas educativas del Gobierno central durante la Conferencia Sectorial de Educación. La consejera María Pardo ha trasladado las objeciones del Ejecutivo autonómico al Plan Estratégico de Educación Inclusiva y ha votado en contra de la modificación de las ratios escolares, al considerar que ambas propuestas necesitan cambios antes de su aplicación.
Uno de los principales puntos de discrepancia afecta a la capacidad de las familias para decidir dónde escolarizar a sus hijos. La Administración castellana y leonesa considera que el documento ministerial podría limitar las opciones disponibles para los estudiantes que precisan apoyos específicos.
El Ministerio, por su parte, plantea su estrategia como una vía para eliminar obstáculos en el aprendizaje y aumentar la participación de todo el alumnado en el sistema educativo.
La delegación autonómica también ha aprovechado la reunión para solicitar medidas de seguridad y protocolos de actuación en los colegios e institutos de Ceuta ante posibles situaciones de riesgo.
Castilla y León pide mantener los centros de Educación Especial y financiar las reformas
La Consejería de Educación sostiene que los alumnos deben poder acceder a distintas modalidades de escolarización en función de sus circunstancias particulares. Por este motivo, reclama que los centros ordinarios y los de Educación Especial mantengan sus respectivas funciones y puedan atender las diferentes necesidades educativas.
María Pardo ha solicitado que el Gobierno concrete el presupuesto, los profesionales necesarios y los plazos de implantación del plan. Asimismo, ha pedido que las actuaciones respeten las competencias autonómicas y dispongan de cobertura jurídica suficiente.
La Junta de Castilla y León exige fondos al Gobierno y libertad de elección familiar en su plan de educación inclusiva
Las diferencias también se extienden a la reducción del número de estudiantes por aula. Aunque el Ministerio defiende que esta medida permitirá mejorar la atención individualizada y las condiciones laborales del profesorado, la Junta cuestiona cómo se sufragará su ejecución.
Según los cálculos expuestos por Castilla y León, aplicar las nuevas ratios en el primer ciclo de Educación Infantil obligaría a multiplicar casi por tres los recursos económicos necesarios. La Comunidad solicita una memoria financiera y considera que la tramitación debe esperar hasta que entren en vigor las modificaciones legislativas de las que depende la reforma.
Más de 1,3 millones para programas de Formación Profesional
La Conferencia Sectorial también ha examinado el reparto de las partidas destinadas a impulsar la Formación Profesional. El programa estatal dispone de 31,3 millones de euros, con participación del Fondo Social Europeo Plus.
De las cantidades ya asignadas, Castilla y León recibirá 1.305.149,69 euros. Esta dotación incluye 796.766,58 euros para competiciones de habilidades profesionales, 400.000 euros para proyectos formativos y otros 108.383,11 euros destinados a movilidad.
Todavía queda pendiente determinar la financiación correspondiente a la formación y las estancias del alumnado. La Junta insiste en que las futuras decisiones educativas deben incorporar una planificación económica que permita a las comunidades autónomas asumir los cambios previstos.
