David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanece desde finales de junio en el Palacio de La Moncloa mientras espera la resolución judicial sobre el procedimiento celebrado en la Audiencia de Badajoz. La sentencia, que determinará si resulta condenado por su contratación en la Diputación de Badajoz, podría conocerse en los próximos días.
Según informa en exclusiva El Debate, el músico llegó al complejo presidencial durante la noche del 23 de junio. Tras su llegada, compartió una cena con su familia y, desde entonces, continúa alojado en la residencia oficial del jefe del Ejecutivo.
Tras su llegada, compartió una cena con su familia
Las fuentes consultadas por el citado medio sostienen que el fallo judicial está próximo a hacerse público. "Es inminente. Se está terminando de redactar", señalan, en referencia a la resolución que debe poner fin al proceso.
El juicio de David Sánchez
El pasado mes de mayo tuvo lugar el juicio al hermano de Sánchez, quien trató de defenderse a toda costa. Recordemos que está acusado de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En la causa también están implicados el exasesor de Moncloa Luis Carrero y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.
El pasado mes de mayo tuvo lugar el juicio al hermano de Sánchez
Durante su intervención ante el tribunal, el abogado defensor de David Sánchez, Emilio Cortés, puso en duda la solidez de la investigación y criticó el origen de la denuncia que dio inicio al caso. Según explicó, el escrito recibido en mayo de 2024 en una oficina de Correos de Madrid se apoyaba principalmente en informaciones publicadas en medios de comunicación y atribuía a su cliente posibles delitos fiscales y relacionados con la Seguridad Social. Sin embargo, remarcó que esas acusaciones ya no forman parte del procedimiento actual.
La defensa incidió especialmente en las referencias al supuesto absentismo laboral de Sánchez. Cortés aseguró que ese comportamiento, aun en el caso de haberse producido, no constituye un delito penal en España, por lo que consideró improcedente utilizarlo como base de la acusación.
