Hasta el reciente cambio de instrucciones, el elector cumplimentaba una declaración explicativa, señalaba el municipio y justificaba el motivo de su elección. La OCE comprobaba aspectos como la identidad, la existencia de una motivación, la fecha o la firma
La Oficina del Censo Electoral (OCE) ha puesto por escrito una de las claves que rodean la polémica sobre las inscripciones de nuevos españoles en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA): hasta ahora, la comprobación del municipio elegido por el elector se limitaba esencialmente a un examen “formal y de coherencia” de su declaración. No consta que ese control incluyera verificar documentalmente el arraigo alegado.
El detalle es especialmente relevante para quienes nunca han residido en España y deben quedar adscritos, a efectos electorales, al municipio con el que ellos o sus ascendientes tengan mayor vinculación.
Nueva polémica con el Censo Electoral
Hasta el reciente cambio de instrucciones, el elector cumplimentaba una declaración explicativa, señalaba el municipio y justificaba el motivo de su elección. La OCE comprobaba aspectos como la identidad, la existencia de una motivación, la fecha o la firma. Ahora, en cambio, se ha reforzado el procedimiento para exigir documentación que permita acreditar esa conexión territorial. La JEC ya había reclamado en julio que se concretara qué documentos debían acreditar el “mayor arraigo” y cómo actuar cuando la vinculación no estuviera suficientemente justificada.
La clave no es solo quién vota, sino dónde cuenta su voto
El cambio adquiere dimensión electoral porque el municipio de inscripción determina la circunscripción en la que se computa el sufragio. El CERA alcanzó los 2.736.522 electores a 1 de julio de 2026, frente a los 2.328.260 del censo de las generales de 2023: 408.262 más. El Tribunal Supremo calificó ese crecimiento de excepcional, aunque ese incremento global no puede atribuirse íntegramente a las nacionalizaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática.
Vox, Iustitia Europa y también el PP habían cuestionado los criterios de adscripción territorial. Se trata de denuncias políticas y judiciales todavía controvertidas, no de una constatación de manipulación electoral. Lo que sí revela el informe es una diferencia concreta: donde antes predominaba una declaración sometida a comprobaciones formales, ahora se exige reforzar la trazabilidad documental del municipio elegido.
