El Gobierno ha comenzado este viernes a desplazar a los inmigrantes que permanecían instalados en las playas de Ceuta desde finales de julio. La operación, iniciada a las 7:15 horas, ha registrado sus primeros incidentes cuando decenas de personas han salido corriendo fuera del itinerario establecido por la Policía.
Los agentes han intervenido para reorganizar el desplazamiento y evitar que la situación se complicara. La Delegación del Gobierno ha señalado que numerosos participantes en estos movimientos eran menores de edad. Según su balance inicial, los hechos no han ocasionado consecuencias graves.
El destino de los inmigrantes es el alojamiento construido en el Muelle de Poniente. Las autoridades han organizado su llegada desde las playas de Benítez y el Trampolín, donde miles de personas permanecían desde las entradas irregulares del 30 de julio.
El Gobierno de Sánchez inicia el traslado de inmigrantes en Ceuta con incidentes y un campamento sin plazas para todos
El campamento no dispone de plazas para todos los inmigrantes de las playas
La puesta en funcionamiento del recinto abre un nuevo interrogante sobre la distribución de los alojamientos. Las instalaciones cuentan con capacidad para unas 1.700 personas, frente a los más de 3.000 inmigrantes que permanecían en ambas playas.
Esta diferencia plantea la necesidad de organizar la ocupación y determinar qué ocurrirá con quienes no puedan acceder al nuevo dispositivo. La información difundida hasta el momento no concreta cómo se resolverá esa situación.
El recorrido hacia el puerto atraviesa el Paseo Marítimo y continúa por una carretera reservada al servicio de las instalaciones. Durante el desplazamiento, las fuerzas de seguridad supervisan el movimiento de los grupos para facilitar su llegada.
El alojamiento dispone de carpas para dormir, dependencias sanitarias y espacios dedicados a la asistencia social. También se han preparado oficinas para gestionar la atención de los ocupantes y una instalación específica para el personal de seguridad.
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La Justicia desbloquea el proyecto pese a las objeciones del sindicato policial
El operativo ha comenzado después de que la Audiencia Nacional desestimara el jueves la solicitud del Sindicato Unificado de Policía (SUP). La organización había recurrido la autorización del campamento y reclamaba su suspensión inmediata por motivos relacionados con la seguridad.
La intervención judicial había obligado al Ejecutivo a interrumpir sus preparativos mientras se examinaba la documentación administrativa. Finalmente, el tribunal rechazó la medida urgente solicitada por el sindicato, lo que permitió recuperar el calendario de traslado previsto.
La resolución no elimina las obligaciones de seguridad del Gobierno. Interior deberá establecer las condiciones necesarias para proteger a los policías, a los inmigrantes y a quienes desarrollan su actividad en las instalaciones portuarias.
El inicio del traslado deja dos cuestiones pendientes: garantizar que el operativo continúe sin nuevos incidentes y concretar una solución para las personas que no encuentren plaza en el campamento.
